Por María de la Lama
Como casi todos los impuestos y las regulaciones del gobierno han estado ahí desde siempre (o así se siente), no nos damos cuenta de sus implicaciones directas. Sostenemos o negamos la bondad de la intervención gubernamental en la economía; siempre en términos abstractos, hablando de PIB y otros numeritos promiscuos que parece que se acuestan con quien sea (yo tengo otros datos). Pero de vez en cuando hay novedades que sacuden el orden y revelan realidades concretas. En medio de los grandes argumentos, aparecen problemas particulares, con nombre y apellido. Un ejemplo es la disputa entre taxis y aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Cabify.
El pasado lunes, los integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) se manifestaron en la Ciudad de México en contra de las aplicaciones que les hacen competencia. Los choferes sostienen que la competencia es desleal, pues éstas “no pagan impuestos, no pasan revista, no tienen ningún tipo de revisión o control por parte de autoridades mexicanas”, declaró el Secretario de Finanzas del MNT. Y nadie duda que el éxito de las aplicaciones se debe en gran parte en la ausencia de regulaciones gubernamentales: los taxis dependen de conceciones del gobierno, es decir, de comprarle al gobierno el derecho a ser taxista. Estas concesiones —placas— cuestan alrededor de 750,000 pesos; así que, para que los taxis sean un negocio, los taxistas deben cobrar un precio alto por viaje: no solo lo necesario para cubrir el precio del coche, la gasolina y el tiempo invertido, sino también para cubrir el precio de la placa. Solo con ahorrarse este costo, los choferes de plataformas como Uber tienen una ventaja competitiva. Por otro lado, el límite en el número de conceciones ofrecidas por el gobierno es una barrera de entrada que protege (o protegía) a los taxistas de competencia: se podían dar el lujo de cobrar precios altos y de dar servicios malos, porque nadie iba a venir a quitarles a sus clientes. En el caso de las aplicaciones, en cambio, cualquiera puede muy facilmente ofrecer un servicio mejor que el tuyo, si no te pones las pilas como conductor. El resultado es un servicio mejor, más barato y más seguro.
Entiendo la frustración de los taxistas: ellos jugaron siguiendo las reglas, invirtieron en un taxi, y ahora vienen unas empresas extrangeras a arruinarles el negocio dándole la vuelta a la ley. ¿Cómo solucionar esta injusticia? Las placas de taxi ya están vendidas, así que imposible eliminarles a los taxis los impuestos (no imposible: el Estado podría reembolsarles a los taxistas sus placas. Pero desde aquí lo oigo reírse de la idea). La única forma de emparejar el suelo es ponerles las mismas regulaciones a los conductores de las aplicaciones. Los mismos impuestos, las mismas barreras de entrada. Es decir, obligándolos a subir sus precios hasta que los taxis, con sus malos servicios, inseguridad y precios altos, les puedan hacer competencia. “Nos metiste el pie a nosotros, ahora méteselo a ellos”, dicen los taxistas. Y los que nos acabamos tropezando somos los usuarios.
