Por Carlos Hornelas
La siguiente crisis tras la pandemia del COVID-19 será en materia de Derechos Humanos. Tras el confinamiento empezarán a relucir una serie de temas que han estado desactivados por atender la emergencia.
Si el acceso a la salud es evidentemente el derecho más discutido en la actualidad, con todo lo que ello implica en términos de equipamiento, infraestructura, calidad de la atención médica, capacitación del personal, condiciones laborales y una larga lista de carencias, el tema educativo, el desplazamiento laboral o simplemente el derecho a la información serán materia de análisis y debate en los próximos meses.
Como hemos sido testigos, en las últimas semanas alrededor del mundo se han organizado contingentes de manifestantes para tomar las calles en protesta por diversas causas. En Estados Unidos, por el asesinato de George Floyd, lo cual ha encendido la llama del acendrado racismo que puede complicarse en un país armado hasta los dientes.
En nuestro país, ya sea por Giovanni López en Guadalajara, o en la CDMX por miembros del sindicato de trabajadores de la salud, por policías vestidos de civil, por grupos de feministas o cualquiera otro, las congregaciones multitudinarias pueden ser un foco de contagio que, además empeore la situación actual.
Sea como fuere en los últimos meses, el confinamiento por cuestiones de salud ha sido un dispositivo que podría convertirse en un instrumento de control social en regímenes que hayan normalizado el papel protagónico del Estado.
En ese sentido, ciertos servidores públicos, como los policías, podrían asumir que sus acciones, aunque autoritarias y desproporcionadas, están justificadas para poder mantener el control social, como ocurrió en Estados Unidos por una cajetilla de cigarros o, por la ausencia de un cubrebocas, en México. En la primera con la muerte de George Floyd, en la segunda, con la de Giovanni López.
La tentación del autoritarismo a través del aparato del Estado ha sido plenamente documentado en períodos históricos en los cuales, la excepcionalidad de la vida normal ha devenido en una “nueva normalidad”, que en muchas ocasiones soslayó el desprecio a los derechos humanos más elementales y colocó como prioridad la razón de Estado con el pretexto de mantener la gobernabilidad.
Finalmente es el Estado quien se arroga la discrecionalidad de la decisión sobre cuándo, cómo, quienes y porqué regresarán a la “nueva normalidad”. Si esa decisión no es compartida, si sus criterios no son transparentes, si no queda claro el fundamento de cada acción de gobierno, se abre el camino a la suspicacia sobre la legitimidad y precisión de las metas y objetivos del gobernante en turno.
En Estados Unidos con el pretexto de contener el contagio y las manifestaciones, Trump amenaza con el envío de tropas para contener al público en general: se arroga como propia la facultad de reprimir, castigar, contener e inmovilizar. En un círculo pequeño de gobernadores en dicho país se discute cómo obtener a través de la geolocalización de los números celulares datos de los manifestantes para dar un seguimiento sobre los posteriores contagios y contener su dispersión. Lo que no queda claro es, si los contagios son solo de COVID-19 o de las ideas que amenazan al stablishment.
En México, desde los médicos, los defensores de derechos humanos hasta los periodistas han sido objeto de violación sistemática y reiterada de derechos humanos a partir de la justificación de que el país debe permanecer unido. La última perorata en este sentido se espetó anteayer cuando AMLO arengó que o se está a favor o en contra de la 4T.
