El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 318 votos de Morena, PT, PES, Pvem y Movimiento Ciudadano, el paquete de enmiendas con las que el Gobierno Federal combatirá la facturación falsa y a las empresas fantasma.
El paquete aprobado comprende reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal; cambios que fueron rechazados con 121 votos en contra, provenientes de diputados del PAN, PRD y PRI, en su mayoría.
Tras la aprobación comenzó la discusión en lo particular, en donde las fracciones parlamentarias de la oposición —incluido MC y PES, que votaron a favor en lo general- tratarán de hacer modificaciones principalmente en temas como presunción de inocencia, de modo que no haya sanción de prisión preventiva oficiosa; que esos delitos no sean considerados delincuencia organizada, ni como un asunto de seguridad nacional.
Con las reformas aprobadas, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se incorpora la omisión o la simulación en el pago de impuestos como delincuencia organizada, según lo determine el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Además se combaten esquemas de evasión a gran escala vía simulaciones jurídicas, como subcontrataciones ilegales o outsourcing ilegal, y se fortalece el combate al contrabando.
Otro cambio consiste en que se considerarán amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, mismos que ameritarán prisión preventiva oficiosa.
Estos son el contrabando y su equiparable cuando sean calificados; la defraudación fiscal y su equiparable cuando sean calificados, pero siempre que el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación; es decir, 7.8 millones de pesos.
En esos casos procederá prisión preventiva oficiosa, congelación de cuentas, extinción de dominio en los bienes de los responsables.
CONSULTA POPULAR
El Senado arrancó la discusión del dictamen sobre de la consulta popular y revocación de mandato para el Presidente de la República, y los gobernadores.
La figura de revocación de mandato se incluye por primera vez en la Constitución y se establece tanto a nivel federal como local, como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a “partir de la pérdida de la confianza”.
El cuarto transitorio establece que en caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018- 2024 (Andrés Manuel López Obrador), la solicitud de firmas comenzará durante noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. “La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros 15 días de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente”.
Texto y foto: El Universal
