”MAFIA” EN LA COSTA

Por: Gínder Peraza Kumán

 

Las investigaciones en torno a los fraudes con terrenos costeros, cuyo valor ronda o supera el millón de pesos en varios casos, y que fueron denunciados en Dzilam de Bravo, arrojan cada vez más evidencias de que para llevar al cabo los despojos en varios puntos de la costa yucateca se ha creado una mafia, una red de complicidades que involucra a alcaldes o exalcaldes, funcionarios estatales de medio pelo y escribanos y notarios, además de empresas inmobiliarias creadas expresamente para darles un cariz legal a esos delitos.

Las pesquisas han puesto en evidencia que los presuntos fraudes y despojo de terrenos se registran también en el puerto de Celestún, por lo menos, y que son varias las empresas que participan. Hasta ahora se puede citar a Uredi y Mayan Woods, pero hay indicios de que participan por lo menos dos más, que maniobran para quedarse con decenas de lotes costeros.

Las consultas de Punto Medio con expertos en temas agrarios han revelado asimismo que los involucrados en el engaño podrían estar cometiendo “un delito de despojo contra la nación”, como detallaremos más adelante en esta nota.

El nombre de Mayan Woods Sociedad Anónima de Capital Variable apareció ahora en el caso de un predio con número de tablaje catastral 3860, que esa empresa intentó vender a otra firma del ramo, pero esta sí especializada y que opera dentro de las normas legales.

–Lo sentimos, pero los documentos que nos trajo para avalar la propiedad de ese terreno están viciados de origen –le dijeron a José Luis González Jiménez, quien se identificó como apoderado de Mayan Woods, empresa que según las investigaciones tiene su domicilio en la calle 55, número 395, entre 134-A y 134-B, de la colonia El Porvenir, en Mérida.

–No puede ser, si así tengo otros terrenos en Dzilam Bravo –respondió el presunto defraudador, lo que prendió los focos de alerta en la inmobiliaria legal, cuyo personal había leído las denuncias de este periódico sobre los fraudes en Dzilam Bravo.

Los antecedentes

Como le informamos en la primera (publicada el 23 de diciembre) de una serie de notas –esta es la cuarta sobre el caso–, mediante el falseamiento de datos, la complicidad del expresidente municipal y el secretario (quien ha negado su participación) de la anterior administración municipal de Dzilam de Bravo, así como la venalidad o ingenuidad de ciertos escribanos y notarios públicos, la empresa denominada “Uredi Sociedad Anónima de Capital Variable” se ha apoderado o está en proceso de apoderarse de por lo menos cuatro predios ubicados en ese puerto del centro-norte yucateco.

En la segunda nota (que salió a la luz el 28 de diciembre) de la serie, dimos a conocer que el nombre de un funcionario de mediano nivel en la administración estatal salió a relucir en las indagaciones hechas por Punto Medio en torno al caso del presunto fraude e intento de despojo de terrenos junto a la playa en el puerto de Dzilam de Bravo, caso del cual informamos a nuestros lectores por primera vez el pasado viernes 23, tanto en la versión impresa de este periódico, como en su sitio en internet (puntomedio.mx).

Según las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, el “licenciado” (así se presenta) Mario Peraza Ramírez es quien ha estado urgiendo al ayuntamiento de ese puerto para que agilice el trámite del pago del impuesto predial de los terrenos que la anterior administración municipal, encabezada por Pedro Castillo Reyes, adjudicó “a título de gratuidad” a la empresa Uredi.

 

José Luis Gonzáles Jiménez (Apoderado de Mayan Woods)

 

¿Defraudadores o defraudados?

En las copias de los documentos obtenidos por este periódico, en los que se evidencian los turbios manejos para apropiarse de los terrenos, aparecen los nombres de Pedro Jesús Castillo Reyes y Martín Eric López Paredes, presidente municipal y secretario, respectivamente, de la anterior comuna porteña; Julio Ricardo Presuel Moreno, apoderado de la presunta empresa defraudadora Uredi; Jorge Alberto Alamilla Castro y Alberth Yadir de Jesús Córdova López, titulares de las escribanías de Cenotillo y Ucú, en ese orden.

Igualmente figuran los nombres de Alejandro William Esquivel, titular de la Notaría Número 39 con residencia en Mérida, y en una escritura, la que corresponde el terreno que era o es de Xóchitl Mota Careaga, se aprecia el sello del notario público número 15 con sede en Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez.

Entre los compradores de los terrenos –que podrían ser defraudados o cómplices, algo que aún no está claro– figuran Benigno Villarreal del Río (dueño de la planta eólica que se levanta en terrenos de Dzilam de Bravo y Dzilam González), Gerardo Pandal Rodríguez y José Antonio Aguilar Bueno, todos con domicilio en el Distrito Federal. También están Julio César López y Carina Guadalupe, Cristina Guadalupe y Mitzi Karen López Roldán, así como Mirna Arellano Zárate. Otro involucrado en el presunto fraude se llama Germán Parra, tamaulipeco radicado en Yucatán, quien afirma haberle comprado a Uredi, junto con su esposa, dos lotes grandes y bien ubicados, con frente a la playa.

En la tercera nota dimos a conocer las declaraciones de Martín Eric López Paredes, que fungió como secretario del ayuntamiento anterior de Dzilam de Bravo, y quien afirmó que falsificaron su firma para realizar los trámites destinados a fingir que los terrenos que ha estado revendiendo Uredi tienen documentación legal.  El exfuncionario afirmó que está dispuesto a colaborar para que todo el lío se aclare, pues de lo contrario tendría que denunciar penalmente a quienes  falsificaron su rúbrica.

Las tres notas citadas se pueden encontrar en las siguientes direcciones, que llevan a las versiones impresas de nuestro periódico:

 

Documentos viciados de origen

De acuerdo con los datos recabados por este periódico, y con base en las opiniones expertas de un especialista en materia agraria consultado, el citado González Jiménez  se dedica a ofrecer en venta terrenos ubicados en diversos puntos del litoral yucateco, con escrituras viciadas de origen por haber sido realizadas mediante un procedimiento de adjudicación autorizado por el ayuntamiento y basado, erróneamente, en que los lotes pertenecen al fundo legal del municipio.

El experto en materia agraria señaló que en el caso del predio con número de tablaje catastral 3860 y ubicado en Celestún se trató de seguir un proceso igual –de cinco pasos– al que reseñó este periódico para los lotes en Dzilam de Bravo: la autoridad municipal afirma sin comprobarlo con documentos que el terreno pertenece al fundo legal, con una supuesta autorización del cabildo lo cede gratuitamente a una empresa, esta y los funcionarios municipales “formalizan” la cesión ante un escribano cómplice, y luego hacen lo mismo ante un notario. Con los papeles que “crean” de esa forma acuden al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y finalmente tramitan el pago de los impuestos prediales correspondientes, para cerrar el círculo de simulación.

Engaño descubierto 

La firma inmobiliaria a la cual trató de engañar González Jiménez hizo una amplia investigación cautelar sobre el tablaje catastral 3860 y encontró, entre otras cosas, que ni en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni en el Catastro estatal (del que fue director el ya citado Peraza Ramírez) hay antecedente alguno de que el predio de referencia pudiera provenir del fundo legal.

La revisión incluyó los archivos del Registro Agrario Nacional: se revisó el expediente del Ejido Celestún y el Plano Interno, y se observó que no está delimitada ninguna superficie como fundo legal, pues las tierras que son actualmente del ejido están fuera de donde se encuentra el asentamiento humano del poblado, y éste no pertenece al ejido.

Se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que informe si la superficie del tablaje citado pudiera provenir del fundo legal de Celestún, y la respuesta de esa independencia fue que “no es posible que dicha superficie haya provenido del fundo legal del poblado, ya que no existe ningún antecedente del mismo”. En todo caso, añadió la Sedatu, dicho tablaje podría estar formado con “terrenos de presunta propiedad nacional, o predios baldíos, o sea, no delimitados ni medidos”.

 

Mario Peraza Ramírez (”Licenciado”)

Un delito federal

–El fraude a la nación que señalamos –detalló el experto– se configuraría porque los terrenos que no son ejidales ni pertenecen a un fundo legal comprobado son propiedad de la nación, y es a ella, por intermedio de la Sedatu, a la que se tendría que solicitar la cesión de los terrenos en cuestión, en vez de proceder a lo que en la práctica es un despojo contra la nación.

El informante añadió que la Sedatu también colaboró realizando un comparativo del tablaje catastral 3860 con las coordenadas de la poligonal de la Reserva Estatal El Palmar, que aparece en un decreto publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 15 de junio de 2006, lo que arrojó que toda la superficie que abarca el Tablaje Catastral 3860 está dentro del Área Natural Protegida El Palmar.

–Todo esto significa que el Ayuntamiento de Celestún no puede donar ese terreno porque no le pertenece, pues no figura dentro de alguna área de su fundo legal, que por cierto es inexistente –explicó el experto en materia agraria, quien añadió que casi seguramente es la misma situación que se presenta en Dzilam Bravo.

El especialista explicó con detalle, con base en documentos históricos y legales, cómo se formaba el fundo legal de los poblados, y afirmó que en ningún archivo disponible en el estado figura un mapa u otro documento cualquiera que pruebe que Celestún fue dotado alguna vez de fundo legal.

También explicó que la inscripción de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado “tiene efectos declarativos o de publicidad, pero esos actos deben estar sustentados y fundados en antecedentes reales de propiedad privada, lo que no se cumple en el presente caso, aun y cuando exista alguna acta de cabildo que así lo señalara, puesto que no es posible legalmente que algún municipio ceda lo que no le corresponde”.

Por lo tanto, concluyó el experto, el documento que supuestamente ampara la adjudicación a título gratuito del tablaje catastral número 3860, avalado por el ayuntamiento de Celestun, “está viciado de origen”.

Por todos los motivos anteriores, la inmobiliaria legal declinó comprar el terreno que le ofrecía González Jiménez, asentando que la Escritura Pública Número 237, expedida el 4 de agosto de 2014 por el escribano de Cenotillo, Alberth Yadir de Jesús Córdova López, se basó en documentación que “se encuentra viciada de origen”.

 

 

 

Gínder Peraza Kumán

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