Por Carlos Hornelas
El 7 de junio de 1951 el entonces presidente Miguel Alemán Valdés instituyó el llamado “día de la libertad de expresión” que cada año reunía a periodistas para conmemorarlo. Primero con grandes comilonas, bombo y platillo y posteriormente con actos un poco más austeros. Hay quienes afirman que, a partir de esa fecha simbólica, los dueños de los medios de ese tiempo habrían aprovechado el inicio de una relación de connivencia con el poder que se arraigó hasta los tiempos actuales.
Es curioso que en algunos estados se siga conmemorando esta fecha y que sea organizada por los propios periodistas, solicitando la asistencia de algún poder ejecutivo, sea municipal o estatal, en lugar del 3 de mayo, proclamado por la ONU en 1993 como el “Día Internacional de la Libertad de Prensa”. Es decir, que hagan suyo un día instituido por el poder que, como condición deontológica de su profesión, deben vigilar.
En los últimos días del mes de mayo, circuló una lista de periodistas y medios de comunicación que habrían recibido contratos millonarios por prestar sus servicios al gobierno del otrora presidente Peña Nieto. En dicho documento publicado por el diario Reforma, se lee que por concepto de publicidad y comunicación social el periodista Joaquín López-Dóriga resultó el mejor pagado, que, a través de su persona y empresas, habría recibido 251 millones 482 mil pesos.
En segundo lugar, le sigue en dicho documento Federico Arreola, que facturó 153 millones 578 mil 253 pesos a través de su empresa. El tercero, es de la editorial Clío de Enrique Krauze, según dicha lista, con un monto de 144 millones 80 mil 995 pesos.
Uno se pregunta si acaso estas contrataciones podrían significar no solamente la compra de servicios informativos sino de las propias plumas, realizando propaganda a dicho régimen. Lo cierto es que, haya sido una filtración o una legítima muestra de transparencia del gobierno actual, la lista contiene la mayoría de los detractores de AMLO en la actualidad.
La relación prensa-gobierno en turno siempre ha sido tensa y difícil. En este sexenio el gobierno se ha propuesto no pagar por publicidad oficial y las conferencias mañaneras se orientan en el sentido de entablar un diálogo más directo y sin intermediarios por parte del presidente. Sin embargo, no han faltado las frases en las cuales se refleja cierta incomodidad con algunos medios a quienes ha calificado de fifís, cuando no les llama condescendientemente “ternuritas” o “corazoncitos”.
En lo que va del año han sido asesinados seis periodistas y en algunos casos, contaban, supuestamente, con el amparo del programa de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La mayor parte de las veces, se trata de desvincular el origen de los homicidios con la profesión que ejercieron en vida y la mayoría de estos crímenes quedan impunes.
Otro capítulo se abre en materia de libertad de expresión cuando durante el acto de unidad llevado a cabo el domingo en Tijuana, uno de los oradores fue Arturo Farela que representa a la Cofraternidad Nacional de Iglesias Católicas y Evangélicas, seguido por el sacerdote católico Alejandro Solalinde. Estas cosas no se veían en eventos presidenciales.
Asimismo, destacó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya entregado una concesión de telecomunicaciones a la iglesia “La Visión de Dios” para poner en marcha un canal televisivo y otro radial.
Sin duda las cosas están cambiando.
