Por Eduardo Ancona
Desde hace algunas semanas ha surgido una nueva ola del movimiento #MeToo. La principal virtud de este movimiento ha sido abrir la cloaca del acoso: son muchos más casos, acosadores y víctimas de los que jamás imaginamos. Este #MeToo 2.0 se ha caracterizado también por una versión temática. A través de redes social se ha acusado a presuntos acosadores dentro de diversos sectores, como el académico, periodístico y de activismo social.
En este espacio ya me he referido a este movimiento y a lo que opino de las acusaciones que las víctimas (o presuntas víctimas) hacen de sus acosadores (o presuntos acosadores): creo que hay una razón suficiente para reconocer una presunción de verdad en favor de quienes acusan a personas poderosas y también que un efecto negativo dentro de todo lo positivo que ha traído el movimiento es el enorme riesgo que existe para cualquier persona (principalmente hombre) de ser calumniado y acusado sin oportunidad de siquiera poder defenderse o dar su versión de los hechos.
Este punto se ha mantenido en el centro de la polémica: mientras un extremo de la línea otorga una credibilidad total ex ante a cualquier persona que se diga víctima de una agresión sexual, el otro extremo duda de absolutamente todas las acusaciones.
Las acusaciones a través de redes sociales son una manifestación del problema real. Acusar a alguien de un delito a través de Twitter no es la primera opción para una víctima, sino más bien la única a su alcance, la cual incluso le trae algunos problemas. Primero, de una forma u otra su acusación será endeble y estará sujeta a la credibilidad que los demás quieran otorgarle. Y segundo, porque no habrá castigo para el victimario más allá del escarnio público. Optar por denunciar a través de redes sociales es decidir por la menos mala de las opciones disponibles. El problema que las denuncias por Twitter ocultan es el fracaso de las instituciones de procuración de justicia.
Si una víctima contara con la seguridad, o al menos la esperanza, de que acudiendo a una Fiscalía será escuchado a el delito investigado y el acusado puso a disposición de un juez, lo haría. En los casos donde el supuesto delito no ha prescrito la vida ideal sería la de las instituciones, las Fiscalías. Sin embargo su funcionamiento, al me-nos en México, las ha convertido en una no opción que deja a quienes acusan con pocas posibilidades, y a quienes son acusados con ninguna.
