El Gobierno Federal decretó ayer lunes el estado de emergencia sanitaria por COVID-19 y ha extendido la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado hasta el próximo 30 de abril, 10 días más de lo previsto en días anteriores.
Las medidas son de carácter imperativo, según fuentes oficiales, pero la forma en que se ha comunicado, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, como si fuese una sugerencia, ha generado mucha confusión.
Las implicaciones y los pormenores del plan aún no están claros hasta que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, el boletín oficial del Gobierno, previsiblemente el día de hoy.
México registra ya 28 muertos y 1,094 casos confirmados de coronavirus, ocho decesos y 101 contagios más que el día anterior. Ante el aceleramiento de los contagios, el Gobierno ha decidido aplicar medidas más drásticas: ha restringido las reuniones de más de 50 asistentes y se exhorta a todas las personas en territorio mexicano a que se resguarden en sus casas, con especial énfasis para la población mayor de 60 años, mujeres embarazadas y otros grupos de riesgo ante la epidemia. Mientras que para las empresas las medidas se tornan obligatorias, para la movilidad de los ciudadanos es más flexible y de momento es “invitación enfática”, según fuentes oficiales.
No ha quedado claro aún quién estará afectado por las medidas; quién vigilará que se acaten; las sanciones para la población que no se ciña a los lineamientos ni las disposiciones que se tienen que coordinar con las autoridades estatales y municipales. Hasta este lunes, varios Gobiernos en los Estados del país habían decretado por su cuenta restricciones para escuelas, centros de reunión y negocios.
“Se declara la emergencia sanitaria por causas fuerza mayor”, ha dicho el canciller, Marcelo Ebrard, tras leer un decreto en representación del presidente. Entre las siete nuevas medidas para reforzar el distanciamiento social se incluye también la postergación del censo poblacional, que arrancó el pasado 2 de marzo, y el regreso escalonado a las actividades. El anuncio se ha producido tras una reunión del Consejo de Salubridad.
A la conferencia de prensa han acudido el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el portavoz gubernamental para la epidemia, Hugo López-Gatell.
También estuvo la titular de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, así como Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval, jefes de la Marina y el Ejército, llamados a tener un rol protagónico en el plan de emergencia.
Los representantes de las Fuerzas Armadas han adelantado un plan para reforzar la infraestructura sanitaria que depende del Ejército, así como apoyos para garantizar el abasto de comida de los sectores más vulnerables a la población y el resguardo de sitios estratégicos.
Los representantes de las Fuerzas Armadas han reconocido que aún necesitan de 10 días para alistar la infraestructura que depende de sus Secretarías. No se han expuesto tampoco cifras claras sobre las adquisiciones de materiales y equipo necesarias para afrontar la epidemia. El decreto ha girado instrucciones para más de una decena de Secretarías de Estado.
En la conferencia se ha dicho que las únicas actividades que se mantienen son las hospitalarias, las de seguridad, las de Justicia, y las labores legislativas. Ebrard ha afirmado que se contemplan sanciones administrativas e incluso que se finquen responsabilidades penales a quien no respete las medidas. También están previstas sanciones para empresas que no respeten las restricciones y los derechos laborales de sus empleados. “Vamos a tener un mes difícil, pero si no lo tenemos, quizá sea un año, es escoger lo que queremos hacer”, ha afirmado Ebrard.
“Estamos ya en una fase de ascenso, no debemos perder esta oportunidad de mitigar la transmisión”, ha dicho López-Gatell. El Gobierno espera que si la estrategia tiene éxito, su curva epidémica alcance su punto más alto a finales de mayo. El escenario menos optimista es que si no se siguen las medidas de distanciamiento, los contagios lleguen al tope en abril. “Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa”, ha insistido el portavoz. “La declaración de emergencia no implica un estado de excepción”, ha recalcado López-Gatell.
PROFECO MULTARÁ CON HASTA 3 MDP
De igual forma, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, advirtió que podrían ser multados hasta con tres millones de pesos quienes aumenten deliberadamente los precios de productos básicos como frijol, huevo y maíz.
El procurador indicó que México produce más de los que come, por lo que se cuenta con el abasto suficiente en maíz blanco, huevo, frijol, caña de azúcar, para hacer frente al coronavirus Covid-19.
El procurador comentó que en caso de que insistieran en mantener el alza injustificada en los precios de los productos de la canasta básica se les cerrará el negocio y se les asegurará la mercancía.
LAS CLASES NO SE REANUDARÁN HASTA SEPTIEMBRE
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre el Calendario Escolar y las fechas de reanudación de clases.
De acuerdo con la información falsa, presuntamente las clases reiniciarían en septiembre próximo debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
“Circula información no oficial sobre el Calendario Escolar y fechas de reanudación de clases”, publicó en Twitter.
GARANTIZAN PRODUCCIÓN DE CARNE, LECHE Y HUEVO
La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) garantizó la producción, suministro y distribución de carne de res, carne de cerdo y carne de pollo, así como huevo y leche en toda la República Mexicana por medio de un video difundido en redes en el que aseguraron que no pararán con su labor estratégica, y por el contrario redoblarán esfuerzos para atender la demanda de alimentos de la población.
Texto y foto: Agencias
