Nuevo etiquetado de alimentos: el derecho a comer sano

La redacción de la Norma Oficial Mexicana 051 que regirá el nuevo etiquetado en alimentos,  actualmente sujeta a un proceso de consulta pública, no tiene disyuntiva ni vuelta de hoja:

“El resultado no puede alterar, reducir, modificar o quedar por debajo de la reforma a la Ley general de salud, sino reflejar el espíritu con que se aprobó para bien de la sociedad”, advierte el doctor en Derecho y en Ciencias de la Información, Ernesto Villanueva.

Aunque la industria de alimentos “está en su derecho de pelear y puede generar presión políticamente” (Nestlé acaba de dar el ejemplo con la carta en la que ha pedido a sus proveedores oponerse al nuevo etiquetado) el experto en derecho a la información plantea un escenario desde el ámbito jurídico, en el que se tiene que hacer una defensa de la Norma Oficial como expresión puntual de la reforma para el etiquetado frontal “y a eso tenemos que sumarnos todos”.

Para Villanueva, la reforma a la Ley general de salud para un etiquetado frontal más claro y entendible es, fundamentalmente, un triunfo del derecho a saber para la población del país; una aportación que va en concordancia con el principio consignado en el Artículo 6º de la Constitución, el de garantizar el derecho de acceso a la información de las y los mexicanos.

Por ello, la Norma Oficial 051 “no puede ir menos que la Ley, porque entonces iría en contra de ese principio constitucional”, comenta el también académico e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SIN Nivel III).

“Es un gran avance en el derecho a la información en México, sobre todo en una sociedad con gran desconocimiento y falta de acceso a la información que ha llevado a estos problemas de salud que tenemos”, reflexiona Villanueva. Problemas de salud como la obesidad y la diabetes son también resultado de una acumulación de años de desconocimiento y falta de información.

El periodista Samuel Bonilla, exconsejero del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) quien se ha especializado en transparencia y acceso a la información pública, coincide en que el etiquetado aprobado por el Congreso federal a fines de octubre como un logro que podrá impactar “si se socializa ampliamente para que se entienda claramente su significado”.

Para el también catedrático en transparencia y coordinador de la Iniciativa Ciudadana Información y Sociedad, “el Sistema Nacional de Transparencia, del que forman parte los organismos garantes del derecho a saber en todo el país, tienen también una responsabilidad social y mucho por aportar en la difusión y en el proceso de consulta pública de la reforma a la Ley General de Salud”.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de datos personales es una instancia que coordina al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), a los organismos garantes en los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), para “construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional, con el objetivo de garantizar el ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica en estos dos derechos en el territorio nacional”, dice en su página oficial.

El objetivo del sistema es “fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano”.

Este sistema tendría que estar involucrado en la consulta pública que concluirá el 6 de diciembre, a través de los órganos garantes como el INAI, realizando foros públicos para analizar el etiquetado desde la perspectiva del derecho a saber; “que volteen a ver el tema como una de sus responsabilidades sociales; abrir la discusión a ámbitos sociales a los que les está pasando de noche”, dice Bonilla.

Que lo sepa todo el mundo

Efectivamente, al revisar algunas de las participaciones que ya aparecen en el formato de la consulta pública de la Secretaría de Economía (Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio) es posible ver en las 14 páginas registradas en un corte hasta el 27 de noviembre cómo no sólo especialistas, sino madres de familia, estudiantes de distintas carreras y sociedad civil en general ha inscrito también comentarios para el análisis en la redacción final de la Norma Oficial 051.

Según lo aprobado en la reforma a la Ley general de salud, la propuesta del nuevo etiquetado frontal de advertencia plantea que éste incluya sellos de color negro en forma de octágono que puntualicen con la palabra “exceso” el nivel de calorías, grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sodio, identificados como los nutrimentos críticos que causan daños a la salud.

Otro sello deberá advertir si el producto contiene edulcorantes (no calóricos), con la leyenda “Evitar en niños”, así como otra advertencia en el caso de que los productos contengan cafeína, también para evitar en niños. Cuando los productos contengan estos elementos no saludables, tampoco podrán llevar etiquetas de avales de asociaciones, organismos o institutos de médicos o expertos, para no confundir a los consumidores.

Estos productos tampoco podrán llevar referencias de “alto contenido nutrimental” (en vitaminas, por ejemplo), ni publicidad persuasiva o llamativa en sus empaques. Además, se deberá diferenciar claramente entre los azúcares naturales y aquellos añadidos que contenga el producto, y estandarizar la tabla de nutrimentos por cada 100 gramos o mililitros, para que los consumidores puedan comparar entre cada producto.

La investigadora Karina Sánchez hace notar que para participar en la consulta no se necesita ser parte de una organización civil, de investigación o institución pública. “Como ciudadano, cualquiera se puede meter a la página, leer el proceso de la Norma y poner sus comentarios”.

Este tendría que ser el proceso que las Secretarías de Economía, Salud o la Cofepris lleven para la elaboración de cualquier otra Norma Oficial Mexicana, plantea la investigadora, pues en este proceso también los representantes de la industria alimenticia participan con sus posturas y comentarios.

Lo único que sí quedó restringido es conocer las discusiones y procesos internos de análisis del grupo de expertos, que firmaron una cláusula para cerrar esa parte de la consulta.

Por un etiquetado fuerte

De acuerdo con la reforma a la Ley general de salud, dice Sánchez Bazán, “el etiquetado mexicano será el más fuerte del mundo en proteger la salud de los consumidores”.

Por su parte, Ernesto Villanueva explica que en el etiquetado de alimentos “en México hemos ido a la zaga, en un proceso a la retaguardia, en vez de ir a la vanguardia. Esta reforma es un elemento de interés público, social, de salud pública. Y no sólo para el etiquetado, sino que ese etiquetado sea verídico”. La lógica es, dice, “a mayor información, veraz y confiable, mejor para la sociedad y la población”.

Es por eso que califica la reforma como “vital para el derecho a saber consagrado en el Artículo 6º de la Constitución”.

Pero, además, en medio del proceso de consulta para la Norma Oficial Mexicana 051, Villanueva sostiene que lo establecido en la reforma no tiene vuelta de hoja en la NOM; “son hechos consumados que se tienen que respetar y acatar, independientemente de tener una opinión sobre si está bien o mal”.

“El principio legal establece que la Norma Oficial Mexicana tiene que desarrollar lo que contiene la ley, sin modificarlo, sino desarrollarlo a detalle. No puede reducir lo que ya establece la ley”.

Mientras que el periodista Samuel Bonilla sostiene que el etiquetado de productos es un campo en el que el derecho a la información debe desarrollarse más allá de las leyes de transparencia e involucrar a todas las instancias obligadas en el país. “La salud pública son algunas de las muchas relaciones que tiene la ciudadanía con actores públicos y privados en las que el derecho a la información tiene que avanzar”.

Texto y fotos: EFE

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *