CARLOS HORNELAS
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En las últimas semanas se ha discutido acerca de la regulación que se pretende imponer a las plataformas de redes sociales en nuestro país. En un ánimo de contribuir a apuntar algunos elementos de análisis he publicado anteriormente en esta columna algunas coordenadas que estimo relevantes para su reflexión.
En esta ocasión dedico mis líneas a señalar algunas premisas que me parece importante re-pensar para poder en la complejidad que muestra este fenómeno social.
El uso de las redes sociales virtuales parte de algunas premisas que, en ocasiones, se demuestra que no se sostienen en la práctica.
En primer lugar, se supone que, se trata de plataformas digitales orientadas exprofeso para que cualquier persona tenga el mismo espacio y las mismas oportunidades de publicar cualquier tipo de ideas. En ese sentido, se habla de una democratización de los medios y recursos a la mano de cualquier ciudadano para poder hacerse escuchar. Sin embargo, cabe aclarar que existen legiones de bots y de personas que se alquilan para replicar ciertos contenidos aprovechando esta circunstancia, de modo tal que toman por asalto la red para posicionar agendas, aparentar tener más seguidores o tratar de imponer como Trending Topic algunos de sus intereses. Por lo cual esta supuesta ventaja con respecto a los medios tradicionales es insalvable.
En segundo lugar, que no hay intermediarios que revisen los contenidos antes de que se publiquen, es decir, no existe la censura previa y no hay línea editorial o curaduría de formato.
No obstante, cuando algún contenido es removido se está ejerciendo de facto una curaduría, una edición de aquello que puede compartirse, como lo haría cualquier medio tradicional. Se ha dicho que las plataformas no son responsables de los contenidos de los usuarios, siendo así, que no intervengan para quitar contenidos.
Se ha insistido por algunos exempleados de Twitter y de Facebook que operadores humanos de dichas empresas, han determinado unilateramente qué contenidos retirar en función de los intereses de las compañías. Al respecto se puede consultar el documental “The Creepy Line” (2018), producido por Amazon.
En tercer lugar, que la comunidad de usuarios determina por denuncia directa en la plataforma qué contenidos deben ser removidos.
Si el contenido de los usuarios es injurioso o difamatorio, que los afectados sigan por el camino legal la defensa de sus derechos que hayan sido vulnerados, pero si la plataforma lo hace, entonces se convierte en juez y parte. No hay algo así como un comité que revise cada caso ni la transparencia que indique el curso de cada acción: no le rinden cuentas a nadie. Ellos deciden qué quitar con base en las denuncias que solo ellos saben cuándo reciben, cuántas son necesarias para proceder o en qué momento se hacen.
Hay medios que destacan que algunas de estas plataformas han removido historias o publicaciones sobre ciertos temas en épocas electorales por “denuncias de contenido inapropiado”, cualquier cosa que eso signifique.
Por último, que el servicio se presenta de forma gratuita sin cargo alguno para quien abre su cuenta. Y precisamente por ello, porque no hay pago, uno no se puede quejar de las condiciones en las cuales se ofrece el servicio ni puede pedir cuentas sobre diversas irregularidades como las antes descritas. Como uno no paga no tiene derecho sobre el servicio que recibe. Empero los datos filtrados a otras plataformas indican que no pagamos porque nosotros somos el producto con el cual ellos comercian.
