Una sentencia de un juez civil ha despertado los peores fantasmas sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión en México. El periodista y académico Sergio Aguayo fue condenado el día de ayer a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por daño moral, con motivo de una columna donde denunciaba la corrupción del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI tras ser detenido en España en 2016. La defensa del académico, con 49 años de trayectoria, había logrado la absolución en primera instancia, respaldada por numerosos organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideran infundada la demanda del poderoso líder político mexicano. La defensa de Aguayo sostiene que hay “indicios de corrupción” en la decisión del magistrado.
El 20 de enero de 2016 se publicó en el diario Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila. Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho, un mes después, fue puesto en libertad. El periodista señalaba en su columna: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Unas declaraciones que utilizó la defensa de Moreira para argumentar su demanda por daños morales.
La defensa de Aguayo, que ya depositó 450,000 pesos como garantía para evitar el embargo de su patrimonio, considera que el texto periodístico está cubierto por la legislación actual mexicana, ya que acababa de dictarse el auto judicial que imputaba a Moreira los delitos de corrupción. “Se cumplió con la labor de cercioramiento que exige la ley”, explicó el abogado Héctor Beristain, que augura un proceso largo que llegará hasta la Suprema Corte de Justicia. “En los últimos 15 años el máximo tribunal mexicano se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión e imprenta en casos de conflicto con el derecho al honor. El juez en esta ocasión se aparta de los parámetros nacionales e internacionales. Es ridículo”, comentó.
En abril, el juez de primera instancia resolvía el caso a favor del periodista. En menos de un año ya hay nueva sentencia en un país donde la justicia sufre graves problemas de eficacia y rapidez: casi la tercera parte de los presos aún no tienen condena, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aguayo, en su faceta de investigador académico, lidera desde 2016 un trabajo, con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, que documenta uno de los episodios más oscuros del estado norteño. En marzo de 2011, en la época de mayor actividad de Los Zetas, un comando sitió el pequeño pueblo fronterizo de Allende. Saquearon, demolieron casas con retroexcavadoras, secuestraron, torturaron, mataron y quemaron los cuerpos en gasolina. El pretexto era castigar con el asesinato de familiares, amigos y colaboradores a tres zetas que supuestamente los habían robado y traicionado delatándolos a la DEA. No hay consenso sobre cuánto duró el desquiciado ataque ni sobre el número de muertes. Grupos civiles hablan de que pudieron ser hasta 300, el Colmex precisa que 42, la Fiscalía de Coahuila ha dicho que 28.
Aguayo conecta su investigación con la ofensiva judicial iniciada por el exgobernador. “Mi hipótesis es que Moreira me demanda cuando se entera que voy a investigar el caso de Coahuila. Hemos logrado avances notables y podemos asegurar que Los Zetas implantaron su presencia en el territorio en los años en que era gobernador. No tenemos la evidencia del papel jugado por Moreira, pero creo esta investigación está detrás de esta operación judicial”.
Texto y foto: Agencias
