De desagradable fue calificada la forma en la que el arquitecto Villagómez, escudado por elementos de la Policía Municipal de Kanasín, no dio la cara para atender los reclamos de los vecinos de la segunda etapa del fraccionamiento Cielo-Alto, que buscaban una respuesta a las demandas de agua potable que 156 familias han padecido desde el pasado 29 de enero y quienes prácticamente se llevaron un “portazo” del representante de la empresa Crear Hogares S.A. de C.V.
Los ánimos se caldearon y los vecinos rodearon el remolque en el que esta persona que, supuestamente atiende a las necesidades de quienes adquirieron una vivienda con esta constructora, prácticamente evadió a los vecinos, quienes con “índice de fuego” acusaron a la empresa de no haber firmado el convenio con la Junta de Agua Potable de Yucatán (Japay) para dotar del servicio a las viviendas de la segunda etapa de este desarrollo habitacional.
Los manifestantes, hartos de sufrir de desabasto, ayer convocaron a los representantes de los medios de comunicación para hacer pública esta situación de la que la empresa en cuestión, denunciaron, prácticamente se ha “lavado las manos”.
“Solo nos dice que tenemos que esperar, pero ¿hasta cuándo?”, se preguntó una de las afectadas.
Hacia las 8 de la mañana, los vecinos se reunieron en el “kiosko” ubicado en el parque infantil de la calle 116-C, para denunciar que hasta hace unos días, gracias a una empleada de la propia constructora, se enteraron de que se mantenían “colgados” del sistema de distribución y que por temor a ser objeto de alguna sanción, uno de los ingenieros de la empresa, Daniel Sosa, retiró las tuberías con que contaban las viviendas desde su entrega.
“Nosotros no queremos estar robándonos el agua, la constructora está obligada a darnos un número de folio para que nos llegue el recibo a nombre de los que adquirieron las viviendas, pero ahora resulta que no hicieron los trámites necesarios, y ahora los paganos somos nosotros”, dijo el vecino Miguel Ángel Novelo Vázquez, quien recalcó que tienen que adquirir garrafones de agua para cubrir sus necesidades básicas y hasta para lavar los trastes y bañarse, lo cual resulta muy oneroso, a razón de diez pesos por cada garrafón de 20 litros.
Por su parte, Juan Pablo López Alvarado, vecino del lugar, recordó que esta no es la única promesa incumplida, pues desde que finalizó el curso escolar anterior, el titular de la Secretaría de Educación se comprometió a entregarles el inmueble que ocuparía la escuela primaria y el preescolar que no se han concluido, afectando a más de 500 jóvenes y niños que en la actualidad toman clases en los locales de un centro comercial carente de adecuada ventilación.
En estas condiciones se dio que un maestro abusó de una de las alumnas, por lo que el padre de familia, como es de esperarse mencionó estar muy enojado con las autoridades que no se han aplicado para que los niños del lugar cuenten con instalaciones acorde para recibir instrucción y que, independientemente de que el maestro esté en prisión mientras se desahogan las diligencias, pidió a las autoridades atender a la mayor brevedad posible esta sentida demanda.
Texto y fotos: Manuel Pool Moguel
