El ombudsman Luis Raúl González Pérez acusó que la PGR le retrasa informes sobre la desaparición de los normalistas y que les hacen copiar la poca información que les aportan
La Procuraduría General de la República (PGR) ha retardado la entrega de información sobre el caso Iguala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.
Luego de la presentación del informe de actividades de la CNDH 2017 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ombudsman nacional recordó que la PGR se comprometió a facilitar la labor de seguimiento que realiza el organismo sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, pero que hasta ahora esto no ha ocurrido.
“Quiero recordar al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República la circular que sacó recientemente en donde se comprometió que nos iban a dar todas las facilidades para realizar nuestro trabajo, ahorita esto no ha acontecido pues distintas informaciones que hemos solicitado no nos las están proporcionando”, dijo.
Explicó que incluso información que ya ha sido difundida en medios de comunicación no ha sido entregada por la PGR, sino que obliga al personal de la CNDH a consultar directamente la averiguación previa.
“La información que hemos solicitado en varios procedimientos, en particular del caso Iguala, está retardándola (la PGR), por ejemplo, pedimos lo que ya algunos medios de comunicación dieron a conocer por filtraciones que hubo de estos diálogos, hemos pedido la información y nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para ir a copiarla y nos faltan 300 páginas por copiar cuando ya algunos medios dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial de esa información”, detalló.
“Esto es un ejemplo y con formalismos de que ésta no es la ventanilla, nos remiten a otra ventanilla, vamos ahí y nos dicen: no, estamos analizando el planteamiento’”.
Durante la presentación de su informe, Luis Raúl González enfatizó que la impunidad o la aplicación discrecional de las leyes en México ha derivado en que las autoridades e instituciones gubernamentales “han quedado rebasadas, sus estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite”.
Sostuvo que en México no puede haber poderes absolutos y que con independencia de las filiaciones o intereses políticos, los órdenes, niveles de gobierno y los poderes públicos deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Ayer lunes, la Misión Permanente de México en Ginebra entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) las observaciones del gobierno de México sobre el contenido del informe “Doble injusticia: informe sobre violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa”, presentado en marzo por el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
En el documento, la PGR indicó que en la investigación del caso no hubo actos de tortura contra los detenidos tal como se concluyó luego de la aplicación del Protocolo de Estambul, por lo que según la dependencia, las acusaciones de Jan Jarab en el informe sobre la obtención de pruebas bajo tortura, no están sustentadas fehacientemente.
Texto: El Universal
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