Para brindar a los excarcelados indígenas un debido proceso penal, se requiere de la certificación y acreditación de intérpretes, formación para la que se requieren al menos un millón de pesos, destacó la presidenta de la asociación civil “Diálogo y Movimiento”, Artemia Fabre Zarandona.
Manifestó que se ha planteado un proyecto de formación peninsular para crear nuevos intérpretes y certificar a los más de 20 que se tienen actualmente, pues ello permitiría a un indígena en algún proceso penal, contar con la sentencia correcta, ya que el hecho de que no haya quien les traduzca las audiencias correctamente, podría repercutir en que alguien inocente termine en la cárcel.
“Los intérpretes con formación saben cómo lidiar con autoridades y tener un bilingüismo equilibrado, es decir, que puedan tener un conocimiento de las leyes y que eso lo puedan trasladar culturalmente a sus lenguas, pues un error en la comprensión del intérprete puede dejar a una gente libre o puede meter a un inocente a la cárcel”, indicó.
Artemia Fabre comentó que se han detectado algunas irregularidades en los procesos que se siguen actualmente a indígenas por no contar con un traductor en su lengua natal, por lo que en este año trabajarán para incorporar otros idiomas.
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