Ante los últimos casos de violencia en contra de las mujeres por sus parejas o ex parejas, el Congreso local aprobó un Punto de Acuerdo que hace un llamado a las autoridades estatales y muncipales para implementar o aumentar los programas que prevengan esos eventos, pues es un hecho “que algo no se ha hecho bien en Yucatán”.
La propuesta original de la diputada Milagros Romero Bastarrachea se dirigía únicamente a las autoridades estatales, pero la bancada panista pidió que se ampliará a los alcaldes de los 106 municipios del estado.
“Es claro que este problema no puede, ni debe ser enfrentado solo por las autoridades, sino que sociedad y gobierno debemos coadyuvar para acabar con este flagelo social”, indicó.
La también Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género dijo que corresponde al Poder Legislativo revisar la normatividad vigente, adecuarla y mejorarla y que sirva de base para la prevención, atención, erradicación y castigo de actos de violencia en contra de las mujeres.
“En Yucatán, tres de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en sus hogares y que las mujeres atendidas en centros de salud públicos por casos de violencia intrafamiliar en 2017 fueron 1,522, y en lo que va de 2018 se ha atendido a 953”, contó.
En ese sentido, el Poder Judicial y la Fiscalía estatal deberán garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres víctimas de violencia; así como de proporcionarles la justicia a la que tienen derecho.
Dicho acuerdo exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal para que dicte medidas urgentes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado, además, girar instrucciones a la Secretaría de Educación, de Salud y de la Mujer, para que definan estrategias y realicen funciones transversales que prevengan la violencia en contra de las mujeres del estado.
También, para que en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 proponga estrategias, objetivos, planes y políticas públicas efectivas para promover la cultura del respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a prevenir las violaciones a dicho derecho; de la misma manera, para que implemente políticas públicas que garanticen la seguridad e integridad de las mujeres en el estado, así como campañas de difusión para concientizar a la sociedad desde el primer brote de conductas machistas o misóginas que generan dolorosos feminicidios.
Por último, exhorta a los titulares de los 106 municipios del estado para que protejan la vida y la integridad de las mujeres que habitan en sus municipios.
En otro tema, la diputada Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, pidió en un Punto de Acuerdo la comparecencia ante el Poder Legislativo del encargado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido Santana.
En un principio la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, pidió que no se aprobara porque ya el titular de la Codhey habia rendido su informe en el mes de febrero.
Tras leer el artículado de la Ley en la materia, el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz concluyó que el Congreso no estaba impedido para solicitar la comparecencia, lo que fue aprobado por mayoría.
En otros asuntos, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de Yucatán, centrándose en el artículo 5, el cual detalla los porcentajes que los municipios habrán de recibir por parte del estado.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
