Mientras se da el cambio en la Carta Magna, el Ejecutivo federal tiene que respetar la decisión de los jueces, señala el legislador yucateco
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en su derecho de presentar una iniciativa para cambiar la Constitución y aplicar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), pero mientras eso sucede debe respetar la división de poderes y el Judicial tiene que hacer respetar la Carta Magna, aseguró el senador de la República, Raúl Paz Alonzo.
Como se recordará, el legislador panista votó en contra de la nueva Ley a la Industria Eléctrica, que privilegia la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) por encima de los generadores privados, además de que busca frenar los contratos leoninos, de acuerdo al titular del Ejecutivo federal, de las empresas privadas que se dedican a la producción de la luz eléctrica a partir de materias primas renovables, como son el agua, viento y los rayos del sol.
Lo anterior provocó que las empresas del sector, una de ellas Iberdrola, pidieran la protección de la justicia federal, por lo que el martes pasado el juez Rodrigo de la Peza suspendió de manera provisional la reforma del presidente, al considerar que la iniciativa podría violar los derechos constitucionales en materia medioambiental o impedir la entrada al mercado de compañías renovables.
Después, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión de la reforma porque esta podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de la alteración en la dinámica de competencia dentro del sector.
“Lo que tiene que respetar el presidente, por el bien de México, es la división de poderes y si hoy los jueces están analizando que esta ley, en algunos de sus artículos, se contradice a la Constitución y afecta a los que entraron a la industria con la reforma energética, es el trabajo de los jueces. Si el presidente quiere hacer cambios, está en su derecho, pero que lo haga de manera profunda”, señaló.
En ese sentido, Paz Alonzo manifestó que López Obrador tiene la facultad y el derecho, como presidente, de buscar cambios constitucionales; de hecho, en esta materia, se le dijo a los legisladores del partido en el poder que podrían ser amparadas las empresas, ya que no se hizo la ley de forma jurídicamente correcta.
“No se escuchó y lo quisieron hacer, por lo menos en el Senado de la República, de manera superexprés, no quisieron hacer el ejercicio del parlamento abierto, hicimos uno paralelo, ya sabemos la historia y allí están los jueces actuando”, recalcó el legislador yucateco.
Por lo pronto, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya analiza la ley, pero también la petición de López Obrador de investigar a los jueces que la frenaron.
Deben negociar con inconformes: Warnel May
Por otro lado, ante la ola de amparos que se está presentando por la obra del Tren Maya en Yucatán, que sin duda fomentará el turismo, el Gobierno federal debe negociar o informar a los ciudadanos inconformes para que se pueda seguir con su construcción, indicó el diputado local Warnel May Escobar.
El legislador, quien es presidente de la Comisión Especial de Turismo en el Congreso del Estado y está convencido de los beneficios para la entidad y el Sureste que traerá el Tren Maya, señaló que la administración federal tiene que socializar la obra y convencer a los inconformes, entre ellos organizaciones de población maya, para que no se detenga.
“Es falta de planeación al momento de estar realizando este tipo de actividades, yo creo que tiene que haber comunicación con las diferentes partes en cuanto a la elaboración del proyecto que se está realizando, pues es un tema netamente turístico que va a beneficiar a muchos municipios y lo que más importa es que puedan avanzar lo más pronto posible”, recalcó.
Cabe mencionar que el miércoles pasado, la Juez Cuarto de Distrito, en el estado de Yucatán, otorgó tres suspensiones definitivas de igual número de amparos en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el Tramo 3 del Tren Maya.
Dicho tramo ya consta de 158 kilómetros que correrá por poblaciones de Campeche y Yucatán. Va de la comunidad de Calkiní en Campeche, pasa por la capital yucateca, Tixkokob y finaliza en Izamal, Yucatán.
En la parte de su resolutivo, la jueza afirma que se otorgará la suspensión definitiva de la autorización del impacto ambiental sobre el Tren Maya, hasta que se dicte la sentencia definitiva, y con ello, cesen los trabajos de construcción o cualquier otro que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y de vegetales autóctonos de los territorios del estado.
“Yo tengo todos mis respetos para ellos, seguramente tendrán sus motivos y allí la autoridad que está desarrollando el proyecto deberá hacer lo propio para llegar a un acuerdo con las personas inconformes y que signifique que ambos puedan estar satisfactoriamente de acuerdo, que lo que se vaya a realizar al final del día sea en beneficio del estado”, afirmó May Escobar. Los amparos fueron interpuestos por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch’ Xiinbal y el Colectivo Chuun T’aan Maya.
Texto y fotos: Esteban Cruz O.
