CARLOS HORNELAS
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No hay manera de que el presidente quede bien expresándose, como lo ha hecho, de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el pasado, ha cuestionado la honorabilidad de jueces quienes han fallado en su contra en aspectos tales como la construcción de sus magnas obras como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.
Ha sugerido, en algunos casos, investigarlos por “oponerse a la transformación”, haciendo caso omiso de cuanto se pueda leer en los fallos correspondientes. Su tono suena a advertencia, cuando no a amenaza.
En la conferencia mañanera del 26 de abril de 2021, Andrés Manuel se ha manifestado a favor de una reforma al poder judicial y de tratar de erradicar la corrupción del Consejo de la Judicatura Federal. Pero ha ido demasiado lejos al manifestar su beneplácito por la jugada perpetrada por el Senado y ratificada por la Cámara de Diputados de incluir un artículo transitorio para ampliar el período del actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
Como se sabe, el presidente de la SCJN es también el presidente de dicho Consejo y su período, según la Constitución, el máximo referente legal que tenemos, está acotado a cuatro años, de acuerdo con el texto que literalmente en su artículo 97 reza “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.” Lo cual constituye una violación a la Carta Magna y un acuerdo “en lo oscurito”, una táctica de “mayoriteo” y un “albazo” puesto que de acuerdo con las otras fuerzas legislativas el texto del transitorio no aparecía en el que fue dado a conocer antes de la votación.
No es la primera vez que se intenta, por parte de un Congreso de mayoría de Diputados de MORENA tratar de extender el mandato de sus correligionarios. Sucedió en el Estado de Baja California, en el cual, contra todo derecho, se pretendía añadir dos años al período de mandato de Jaime Bonilla Valdez, hasta que la misma SCJN invalidó la ley local hecha a modo por sus partidarios.
Si se es consistente con sus propias palabras y con el mismo rasero con el cual ha juzgado a sus adversarios en el pasado, su grosera intervención ante lo ocurrido en otro poder de la República, su contubernio con el legislativo y su desprecio por la Constitución, al menos son motivo de preocupación en un momento previo a una elección intermedia.
Si se concede que puede hacer este tipo de opiniones y la SCJN no lo desmiente, pareciera que dicho poder autónomo se le ha subordinado a cambio de dos años más al frente del actual presidente. Lo cual entonces termina por corromper un poder que busca, mediante esta reforma eliminar la corrupción.
Si, por otra parte, como lo ha hecho con el caso de Salgado Macedonio, concede que “el pueblo” es quien decide en todos los aspectos, incluso en aquellos en los cuales pese a haber acusaciones de carácter penal, pone a consideración de una encuesta telefónica la impartición de justicia e ignora y desdeña al poder judicial y a las instituciones electorales, cabe preguntar si también de aquí se puede colegir que “el pueblo” representado por una Cámara de Diputados que se ha mostrado servil y complaciente es en verdad la encarnación de la voluntad popular o del mandatario populista.
Si finalmente ha logrado someter a su autoridad a ambos poderes, cabe preguntar si existe diferencia, como él insiste entre sus adversarios que operaban mediante las mismas tácticas y su mandato actual. Andrés no es un mesías, solo otro político con agenda.
