Por Cecilia Patrón Laviada
Mucho se ha dicho sobre el interés superior de la niñez, pero sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudo interpretarlo de la mejor manera posible, porque integra todo, coloca el tema en un punto superior a muchos argumentos y permite que cualquier decisión que tenga que ver con los derechos de los infantes, se pueda, cuando menos, discutir y dirimir.
Y se destaca que a la SCJN le asiste bien la razón porque lo concibe en tres dimensiones: derecho a ser sopesada una cuestión debatida que involucre a niños y niñas; principio de interpretación favorable para los derechos y libertades de la infancia, y norma de procedimiento, en la cual, al afectarse los derechos de los menores de edad, se incluya un estudio de las repercusiones y la justificación de las alternativas.
Desde esta concepción, toda aquella decisión que involucre a niñas y niños, sea gubernamental o no, debe ser tomada bajo el mayor cuidado posible y siempre en busca de salvaguardar sus derechos y máximo bienestar. De tal suerte que se debe garantizar que toda política pública cumpla con dicho requisito.
En ese sentido, el tema primordial sin duda alguna es el de las estancias infantiles, creadas en 2007 bajo la responsabilidad de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, éstas se implementaron como respuesta a la necesidad de contar con servicios de cuidado infantil asequibles a madres de familia trabajadoras que no contaran con seguridad social y, por ende, con los beneficios que ésta proporciona como las guarderías. La idea fue incluso reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante el premio al servicio público como un caso de éxito en la promoción del enfoque de género en ese ámbito.
Dicho programa representa una de las pocas políticas públicas verdaderamente integrales que consiguen atajar diversas problemáticas sociales con una sola acción.
A través de las estancias, se obtienen beneficios como la promoción del cuidado infantil de calidad, el fomento del ingreso de las mujeres al campo laboral y la reactivación la fuerza productiva del país que, por restricciones de edad, no encuentra empleo con facilidad.
Desde finales del año pasado, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación se advirtió del grave riesgo que significaba el recorte de los recursos destinados al programa, pues prácticamente se orillaba a las responsables de las estancias a cerrar de manera definitiva. Hoy, con una perspectiva más clara, se habla de una disminución de cerca del 50% con respecto del año pasado, lo cual pone de manifiesto la urgencia de fijar una postura clara por parte del gobierno federal, con estricto apego al interés superior de la niñez.
Es cierto, con las estancias infantiles se beneficia a madres, e incluso a padres trabajadores; sin embargo, no se debe perder de vista que su principal población objetivo son los niños y niñas de México, a quienes se les debe asegurar un desarrollo adecuado desde sus primeros años de vida. Es un tema básico y de observancia obligatoria como derecho humano.
El combate a la corrupción no es pretexto suficiente como para afectar los derechos de miles de infantes mexicanos.
El problema debe combatirse de frente a los responsables, no a costa de los inocentes.
Por ello, mientras no exista una alternativa viable que provea de por lo menos la misma cantidad de beneficios que las estancias infantiles, éstas deben permanecer y ser apoyadas de forma justa por parte del gobierno, más aún de aquél que ostenta estar del lado de quienes menos tienen.
