Esta semana, la Comisión de Gobernación del Senado de la República iniciará el análisis de las solicitudes para desaparecer los poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, mismas que propusieron los partidos Morena y PAN, pero éstas no procederán, según especialistas en materia constitucional.
Consultados, dos especialistas del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad La Salle convinieron que la desaparición de poderes en cualquiera de los tres estados es improcedente, pues la ley regulatoria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional, donde se le da el poder al Senado de desaparecer los poderes de algún estado, limita mucho esta posibilidad.
La también conocida como “Ley López Portillo” —se emitió en 1978, bajo el mandato del expresidente de México, José López Portillo—, surgió para regular esta capacidad del Senado, que en los años 1960 y 1975 desapareció los poderes de Guerrero e Hidalgo, respectivamente.
La Ley López Portillo establece que la desaparición de poderes solamente procederá cuando alguno de los titulares de los poderes abandone el ejercicio de sus funciones sin aviso a causa de fuerza mayor, generen conflictos que afecten la vida del Estado, prorroguen su permanencia en el cargo o promuevan una forma de gobierno distinta a la que fija los artículos 40 y 115 de la Constitución.
Solamente senadores, diputados o ciudadanos de la entidad en cuestión tendrán la facultad de presentar una solicitud al pleno del Senado de la República para desaparecer los poderes. El pleno deberá enviarlo a la Comisión de Gobernación del órgano legislativo y ésta tendrá cinco días para resolver.
¿Por qué en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas?
Todo comenzó la semana pasada, cuando el PAN anunció que pediría la destitución de poderes en Veracruz, donde gobierna Morena con Cuitláhuac García.
Después, la fracción de Morena amagó a los panistas con desaparecer los poderes de dos estados en donde gobiernan: Guanajuato, con Diego Dinhue, y Tamaulipas, con Javier García Cabeza de Vaca.
Texto y foto: El Universal
