La Codhey, en coordinación con la Consejería Jurídica estatal, trabaja en una iniciativa de ley para unificar el funcionamiento de estos espacios
En breve llegará al Congreso de Yucatán la iniciativa de ley para la regulación de albergues públicos y privados, así como anexos que funcionan en todo el estado.
Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), informó que trabaja de cerca con la Consejería Jurídica estatal para conformar este proyecto, el cual busca que estos lugares tengan una regulación en torno a su funcionamiento y sobre todo, la vigilancia de autoridades y organismos autónomos para garantizar que no haya afectaciones a las personas, como casos de tortura o violación de derechos humanos.
“Yo espero que en los próximos días o en el mes siguiente se presente este proyecto en el Congreso del Estado para que pueda avanzar”, externó.
El entrevistado informó que la normativa surge a raíz de la necesidad de unificar los criterios para el funcionamiento de los albergues en la entidad, pues hay disposiciones previstas en algunas normas, como la Ley de Salud, aunque hace falta que el criterio sea uno.
“Lo que queremos es recoger todo en un solo instrumento. Esta ley va a generar un trabajo interinstitucional, con entes oficiales, organismos autónomos, asociaciones civiles, autoridades de salud, Protección Civil y otras más”, enfatizó.
“Muchos lugares reciben recursos públicos debido a que atienden varios problemas sociales. Es importante que estén regulados, funcionen de manera adecuada y sobre todo, se respeten los derechos humanos”, añadió Sabido Santana.
En ese sentido mencionó que dicha legislación permitiría a la propia comisión investigar y emitir resoluciones en torno a casos que pudieran presentarse de tortura o violación de derechos humanos en estos espacios.
Por otra parte, advirtió que los cambios en las administraciones municipales de este año complican el trabajar con los ayuntamientos, ya que las denuncias de tortura son más recurrentes entre las policías municipales y sus cárceles.
Texto: Acom
Fotos: Agencia
