Profepa asegura a los dos tigres de bengala del rancho de Baca

El dueño de los ejemplares se mantiene en custodia hospitalaria, ya que tiene una sentencia de 25 años de prisión ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró dos ejemplares de tigre de bengala (Panthera tigris) que se encontraban en el Rancho Santa María, ubicado en el municipio de Baca, al no acreditarse su legal procedencia, entre otras irregularidades.

En atención a un reporte policiaco y denuncias en medios sobre la posesión ilegal y ataque a una persona de tigres de bengala en el municipio, inspectores de esta procuraduría acudieron el 7 de agosto de 2018 a realizar una visita de inspección.

En el lugar se encontraron los dos ejemplares de tigre de bengala en confinamiento, sin embargo, al momento de la diligencia el inspeccionado no presentó la documentación federal para acreditar la legal procedencia de los felinos, así como tampoco se presentó el plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni plan de contingencia respectivo.

Se trata de un macho y una hembra de tigre de bengala (Panthera tigris), en etapa adulta juvenil, de los cuales no se detectaron faltas al trato digno y respetuoso, sin embargo, al no presentar la documentación que acreditara la legal procedencia, con fundamento en los artículos 114 y 117 fracción I de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), se procedió a su aseguramiento precautorio.

Dueño de tigre está condenado por homicidio

El hombre que fue atacado por un tigre de Bengala de su propiedad, se encuentra hospitalizado bajo custodia policial debido a que tiene una orden de reaprehensión por homicidio calificado en su entidad de origen, Nuevo León.

La Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a raíz del incidente suscitado en el rancho ubicado en la carretera Motul-Baca, en el que un tigre en cautiverio atacó e hirió a R.G.L.T. y a su hijo menor de edad, inició las indagatorias correspondientes.

El trabajo de investigación de los agentes estatales permitió conocer que el mencionado ciudadano tiene una sentencia de 25 años de prisión, ratificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Texto y fotos: Acom

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