Al parecer, al menos en el discurso, la cancelación de la actual Reforma Educativa es una decisión ya tomada. El próximo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó que frente a esto buscarán diseñar y desarrollar un nuevo plan educativo junto a padres, madres, docentes, estudiantes, organizaciones, entre otros actores.
Mencionan que también revisarán –y modificarán lo que sea necesario– todas las leyes que se aprobaron en el marco de esta reforma, entre estas la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD). Finalmente, su tercera acción será establecer un mecanismo de consulta permanente con todos los actores involucrados con la escuela y el sistema educativo. Ninguno de estos cambios será efectivo hasta que no haya consulta con todos los sectores involucrados.
El discurso de estas semanas sobre la reforma educativa ha girado en torno al daño que la evaluación punitiva ha hecho al magisterio, y el atropello contra sus derechos laborales que este tipo de evaluación ha significado.
Sí, sus intenciones con estos cambios quedan claras. Sin embargo, hablar de “otra” evaluación y un nuevo plan no tendría tanto sentido si no se analiza cómo el sistema educativo ha abandonado las necesidades de sus docentes y ha pasado por encima de algunos de sus derechos, no solo laborales, sino también el de su educación y desarrollo profesional- tal como lo establece, justamente, la LGSPD.
Además de la evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia de las y los docentes, esta ley plantea la garantía que las y los docentes deberían tener para aprender y desarrollar sus capacidades para impulsar el aprendizaje de otros, así como también contar con apoyos y oportunidades necesarios para seguir fortaleciendo estas capacidades y su compromiso. Es decir, más allá de la evaluación de carácter obligatorio, dicha ley establece la responsabilidad del Estado de ofrecer las oportunidades para que docentes y directivos refuercen y desarrollen habilidades necesarias, sobretodo, aquellas que resulten como oportunidades de mejores en las evaluaciones.
El enfoque: únicamente en la evaluación
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha puesto énfasis en cómo la evaluación tiene el objetivo de profesionalizar la docencia, pero no se ha visto claro cómo empalma con otras estrategias que también son indispensables para el objetivo de profesionalizar la docencia. El objetivo de profesionalizar se enfocó únicamente en la evaluación, evaluar por evaluar, sin tener muy claro el vínculo de la misma con la formación y el acompañamiento a las y los docentes en su desarrollo profesional, o como señala Manuel Gil Antón (2015) que hoy parece “…que lo punitivo se impone ante lo formativo al no lograr una relación integral, contextualizada y sensible a la diversidad”. Un enfoque que permitiría ver que un proceso de cambio – tan grande y complejo como una reforma- no reduzca ni simplifique, ni convierta en mero ejecutor de tareas ajenas al docente.
La ausencia de estrategias de formación continua, de acompañamiento y colaboración entre docentes pares es bastante evidente. La Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis, por sus siglas en inglés) realizada en 2013 mostró que 56% de las y los docentes expresaron que no consideran que les ofrezcan actividades de desarrollo profesional relevantes; 54% expresaron que no participan en este tipo de actividades porque el costo es muy elevado y también porque estas actividades entran en conflicto con su horario de trabajo; el 40.5% de los encuestados sostuvieron que deben pagar por cuenta propia una parte o la totalidad de estas oportunidades de formación y desarrollo profesional.
El enfoque: únicamente en la evaluación
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha puesto énfasis en cómo la evaluación tiene el objetivo de profesionalizar la docencia, pero no se ha visto claro cómo empalma con otras estrategias que también son indispensables para el objetivo de profesionalizar la docencia. El objetivo de profesionalizar se enfocó únicamente en la evaluación, evaluar por evaluar, sin tener muy claro el vínculo de la misma con la formación y el acompañamiento a las y los docentes en su desarrollo profesional, o como señala Manuel Gil Antón (2015) que hoy parece “…que lo punitivo se impone ante lo formativo al no lograr una relación integral, contextualizada y sensible a la diversidad”. Un enfoque que permitiría ver que un proceso de cambio – tan grande y complejo como una reforma- no reduzca ni simplifique, ni convierta en mero ejecutor de tareas ajenas al docente.
La ausencia de estrategias de formación continua, de acompañamiento y colaboración entre docentes pares es bastante evidente. La Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) realizada en 2013 mostró que 56% de las y los docentes expresaron que no consideran que les ofrezcan actividades de desarrollo profesional relevantes; 54% expresaron que no participan en este tipo de actividades porque el costo es muy elevado y también porque estas actividades entran en conflicto con su horario de trabajo; el 40.5% de los encuestados sostuvieron que deben pagar por cuenta propia una parte o la totalidad de estas oportunidades de formación y desarrollo profesional.
Ahora bien, con respecto a otro tipo de actividades que podrían contribuir a construir un camino hacia la profesionalización docente tales como el fomento de una cultura de colegialidad, de colaboración, de diálogo entre pares, solo el 30.8% de las y los docentes encuestados dijo que había participado en discusiones con compañeros acerca del aprendizaje de alumnos específicos y 30.1% manifestó que nunca o máximo una vez al año trabajan junto a sus compañeros de su escuela.
Por otra parte, el presupuesto aprobado para desarrollo profesional docente otorgado a la Secretaria de Educación Pública fue de mil 654 millones de pesos, sin embargo, solo gastaron 949 millones – se ejecutó solo el 57.37%. Muestra evidente del lugar que ocupa entre las prioridades el desarrollo profesional y el objetivo de asegurar el acceso a la educación continua de las y los docentes mexicanos en este discurso de cambio que ha traído la Reforma Educativa durante este sexenio, pues justamente la capacitación docente se ubica como uno de los principales objetivos de dicho proceso “establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros” y “propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos”.
Este escenario evidencia un problema, más bien una contradicción. Las y los docentes han participado de forma obligatoria en la evaluación de su desempeño, pero el Estado –quien los ha evaluado de forma obligatoria – no ha cumplido con su obligación: garantizar que las oportunidades de desarrollo profesional y acompañamiento sean asequibles y accesibles para las y los docentes. Y no solo accesibles, también pertinentes y relevantes para su contexto.
Qué se debe hacer
En ese sentido, la apuesta del nuevo gobierno, del próximo Secretario de Educación y su equipo debería ser, en primer lugar, desarrollar el ejercicio presupuestal del proceso de formación y desarrollo profesional de las y los docentes de una forma eficiente y equitativa. En segundo lugar, diseñar y desarrollar otros procesos de formación en servicio y experiencias de desarrollo profesional relevantes, pertinentes y adecuadas a las necesidades y contextos de las escuelas en las que trabajan las y los docentes en todo el ancho y largo de la República.
El reto de esta nueva gestión de la SEP –para verdaderamente “hacer las cosas diferentes” y “nunca más una reforma sin las y los docentes” – es apostarle a que, como señala un estudio de la Universidad de Pennsylvania, el acompañamiento, la colaboración y el fomento de la cultura de la colegialidad fortalece el trabajo de las y los docentes y contribuye al objetivo que se busca: profesionalizar a la docencia. Esta apuesta significaría cambiar de visión sobre las y los docentes mexicanos, es decir, considerar su experiencia, sus capacidades, su conocimiento y su autonomía antes de asumir que son incompetentes y que por eso hay que evaluar y controlar todas sus acciones y su trabajo
Claro está que para hacer esta transición también deberán trabajar en cambios profundos en las dimensiones administrativas, organizativas y de gestión del sistema y de la política educativa. Porque no se puede pensar en tratar de alcanzar un nuevo rol de las y los docentes – pensado desde el objetivo de la profesionalización– si no hay cambios en el modelo del sistema educativo ni en el modelo de la escuela en sí misma, es decir, si el sistema sigue siendo rígido, controlador; pensado para docentes que sea meros ejecutores de la normativa educativa.
Lo que queda es dar seguimiento, aparte de las consultas que en las próximas semanas estarán llevando a cabo los próximos titulares de educación, es a cómo se estará garantizando este derecho de las y los docentes a su propia educación y formación en servicio y si se apostará a construir y fortalecer el objetivo de profesionalización con la que se ha tratado de sostener la evaluación docente durante este último sexenio.
Texto: Carolina Bodewig
Fotos: Cortesía
