José Miguel Rosado Pat
psicrenebuenfil@gmail.com
Cerca de casa, en la esquina de la 43 con 54, hay un modesto tendejón atendido por una mujer entrada en edad que también es propietaria de la casa donde estableció su negocio. La tienda se ubica en el espacio que ocupaba su sala y comedor. Ella reside ahí desde hace más de treinta años, se dedica también a la reparación de muebles de petatillo, tan usados en nuestra ciudad para salir a sentarse a “tomar el fresco” por las noches en la puerta de las casas.
Ella, con sus 72 años, es ahora beneficiaria del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que otorga el gobierno de la República del cual, según me comentó, recibe $2,550 cada dos meses.
Del otro lado de la casa, sobre la calle 54 por 41 y 39, vive una vecina también adulta mayor a quien, con afecto, llamamos “doña Margarita”, de 78 años. Ella igual recibe la pensión que otorga la Secretaría de Bienestar. Con ese dinero, solventa parte importante de sus gastos personales, pues apenas recibía una cantidad mínima de poco más de $2,000 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
A unas cuantas esquinas, rumbo a la calle 50, vive una joven madre con sus dos hijos pequeños, quien recibe por uno de sus hijos, la cantidad de $1,600 al bimestre, recurso con el que logra pagar el recibo de la energía eléctrica.
Un primo mío que fue diagnosticado con el síndrome de Asperger (AS por su abreviación en inglés), recibe $2,600 como apoyo, y a ninguno de mis tíos les preguntaron porqué partido votan o votarán en las elecciones de este año.
Yo trabajé en una universidad tecnológica ubicada en el municipio de Izamal, donde casi el 100% de la matrícula era beneficiaria de las Becas Benito Juárez, y siendo una comunidad estudiantil de escasos recursos, la ayuda económica se volvió, muy pronto, el apoyo fundamental para sufragar los gastos de transporte y alimentación.
Hasta el momento, lo más fácil para los opositores del gobierno federal ha sido señalar que los programas sociales implementados son de corte de “asistencialista”, algo que hoy repiten una y otra vez olvidando las muchas veces que usaron esquemas similares como meras vías para operar políticamente durante los procesos electorales en favor de los candidatos de sus partidos.
Por otra parte, no podemos perder de vista que es muy fácil repetir frases como “a los pobres hay que enseñarles a pescar, no regalarles el pescado”, cuando se mira a los demás con la óptica del privilegio, lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo.
Ante el beneficio que reciben los sectores más vulnerables de la población, cabe plantearnos: ¿clientelismo o el inicio de la construcción de un verdadero Estado de bienestar?
Esta es la pregunta clave y de la cual debemos partir. Dada la temporada electoral, múltiples analistas y opinólogos han tachado de clientelista la política social del gobierno de la República, afirmando que, la transferencia del dinero de forma directa a cientos de miles de mexicanos será crucial para definir la preferencia del voto en las elecciones intermedias.
Sin embargo, el único argumento al que le apuestan es al de la universalidad de dichos apoyos, es decir, la construcción de una base votante que, beneficiada por un apoyo económico, dé su voto y apoyo irrestricto a las y los candidatos de la Cuarta Transformación.
En efecto, programas como el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Solteras o el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Becas Benito Juárez, entre otros, presentan la característica de la universalidad, (puesto que aplican todos aquellos que cumplan con los requisitos sin importar filias o fobias), no así los programas clientelares cuya principal característica es que son otorgados con base a criterios partidistas y, por lo tanto, discrecionales.
¿Acaso los “apoyos” brindados durante los gobiernos del PRI y del PAN presentaron características diferentes o reglas de operación muy distintas? En realidad, no del todo, pero sí fueron aplicados, en muchos casos, como nómina de estructuras políticas enteras y empleados como “cajas chicas” para la operación política.
Hay que hablar claro: esos partidos usaron los programas de desarrollo social de manera tal que, los apoyos, parecían ser otorgados, principalmente, a sus correligionarios. Y esto es algo que no se ha visto en este gobierno, por el contrario, los apoyos están siendo otorgados a todos sin distinción alguna, sin importar partido, preferencia política y, en muchos casos, ni condición económica o social.
Y esto se debe a la esencia universal de los Programas Integrales para el Bienestar, siendo precisamente lo que los sustrae de ser fuente de clientelismo.
Otro aspecto sobre el que han increpado los opositores es el que se refiere a los documentos que dan sustento normativo y jurídico a los programas; no en vano el Presidente envió la iniciativa, recientemente aprobada, en la que se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el programa de atención a personas con discapacidad, las becas para estudiantes y la atención médica gratuita e integral a quienes no forman parte del sistema de seguridad social. Desde donde lo miremos, estas acciones van encaminadas a sentar las bases -sólidas- de un Estado de bienestar y, por supuesto, de los derechos sociales que éste conlleva.
Es innegable que el perfeccionamiento del marco jurídico que regula estos programas, significaría un avanzar de manera sustantiva, sobre todo cuando se trata de garantizar que los apoyos lleguen a los beneficiarios en tiempo y forma.
De igual manera la planeación presupuestal de dichos programas (de largo aliento) permitirá su continuidad e institucionalización, siendo esta última la herramienta necesaria para pasar de, proyectos de un sexenio a programas que formen parte del conjunto de una política social transexenal, con alcances y coordinación a nivel regional y municipal.
Además, el impacto que tienen estas acciones de gobierno en el discurso del poder, identificadas plenamente con la construcción de ese Estado de bienestar que tanto necesitamos (incluyendo a ricos y pobres y clases medias), es de vital importancia para forjar la visión del México de la siguiente década pues se cuestionan las prioridades públicas que han sido, por más de cuarenta años, definidas por las élites económicas y políticas, nacionales y extranjeras con intereses en el país.
Es cierto, aún falta mucho por perfeccionar en su implementación cotidiana, sin embargo, si este gobierno no sentaba las bases el que de una política pública enfocada a la solidaridad y empatía con los más pobres, ¿quién lo hubiese llevado a cabo?
Cierto es que estamos lejos aún de un régimen universal de bienestar, sin embargo, no estábamos más cerca hace seis, doce o dieciocho años de como lo estamos ahora.
Cabe ver las cifras: de 1992 a 2018, la pobreza pasó del 53% al 49%, (Fuente: Coneval, 2018), lo cual pareciera una burla a los pobres, más que un logro para presumir.
Vivimos en un país en el que, el origen socioeconómico de los ciudadanos sigue definiendo su futuro. Ante este panorama, nada alentador, debemos continuar reforzando los programas que sientan las bases hacia un Estado de Bienestar que nos proteja de riesgos sociales y que, al paso de los años y con la creación de políticas públicas cada vez más asertivas y enfocadas, genere capital humano a través de la educación, servicios de salud de calidad y apoyos que garanticen la igualdad de oportunidades.
