El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Transporte y de Tránsito y Vialidad, ambas del Estado de Yucatán, para garantizar los derechos de los ciudadanos al transporte público de calidad y para que a los conductores que en accidente den muerte a una persona, entre otros castigos, se le retire su licencia de conducir.
Ello, para que nunca más puedan conducir un vehículo y menos pongan en riesgo la vida de otros ciudadanos.
La iniciativa de la cancelación de la licencia de conducir la hizo el diputado panista Miguel Rodríguez Baqueiro, quien pidió a los yucatecos actuar con responsabilidad cuando conducen un auto y si han tomado bebidas alcohólicas busquen un conductor designado.
Los otros castigos aprobados son: suspensión por 18 meses, tres años e incluso el retiro definitivo de la licencia de conducir.
Rodríguez Baqueiro recordó que un automovilista tiene la responsabilidad civil de lo que suceda con un automóvil cuando éste se encuentre en movimiento.
Hizo notar que las principales causas de los accidentes de tránsito son la imprudencia, la velocidad y el alcohol, que calificó como un “coctel mortal”.
En ese sentido, se sabe que haber ingerido bebidas alcohólicas aumenta 10 veces más el riesgo de tener un accidente vial.
Con base en las reformas, se suspenderá la licencia por 18 meses a quienes se les detecte con niveles de alcohol prohibidos o bajo el influjo de drogas, psicotrópicos, estupefacientes, u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para conducir sin peligro; si es reincidente, se le suspenderá el permiso por tres años. Si de nuevo se le detecta infringiendo la ley en este sentido, se le suspenderá la licencia o permiso de conducir de manera definitiva.
Por otra parte, en caso de los conductores del servicio público de transporte, será remitido a la SSP en calidad de detenido y será sancionado.
TRANSPORTE PARA TODOS
La otra iniciativa, la del Transporte Público, fue presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano, en especial por la diputada Milagros Romero Bastarrachea, quien indicó que era necesario un ordenamiento jurídico en la materia porque el transporte público es un derecho, con seguridad y buen trato por parte de los operadores, sin conductas discriminatorias.
-Es una sensibilidad hacia una problemática cotidiana y un marco normativo que sirva de base para una convivencia justa -señaló.
Texto: Esteban Cruz Obando
Foto: Cortesía
