La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles si se mantienen o no suspendidas las operaciones de la empresa de Producción Alimentaria Porcícola (Papo) del grupo mexicano Kekén en Homún, ya que desde el 2018 está paralizada debido al amparo promovido por 6 niñas y niños de esa comunidad.
A través de un comunicado, las organizaciones Ka´ananTs´onot (Guardianes de los cenotes) el grupo Indignación, y representantes de la infancia del municipio exhortaron a la SCJN a mantener cerrada esta mega granja de 49 mil cerdos.
“Nuestro futuro está en manos de la suprema corte, pues desde el 2016 hemos emprendido esta lucha para conservar nuestros recursos híbridos, a favor de la infancia y de los habitantes” manifestaron.
Según señalan los afectados la empresa obtuvo los permisos de manera irregular, por lo que se instalaron sin consultar al pueblo, provocando varios daños ambientales como es la contaminación del agua y el aire debido a los gases invernaderos que salen de ese lugar, que encarecen el ambiente y afectan la salud de los infantes y pobladores.
Desde ese entonces, se organizaron y emprendieron su lucha en contra de la mega granja, así como también contra las autoridades municipales, estatales y federales quienes dieron los permisos, a pesar de que esta sociedad no contaba con la manifestación de impacto ambiental.
Pese a que sus voces fueron escuchadas y se garantizaron sus derechos cuando la Jueza Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán ordenó la suspensión definitiva en el 2018, el presidente municipal de Homún, una de las autoridades responsables, interpuso el recurso de revisión en contra de esta suspensión, la cual se consideró procedente para ser discutida y finalmente analizada este miércoles.
Entre los argumentos que durante años ha sostenido la comunidad es que se violó su derecho a la libre autodeterminación, incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de que representa una amenaza a su modo de vida y a la fuente de sus ingresos, que es el ecoturismo de cenotes.
Los afectados denunciaron que, con la instalación de la granja en su territorio, se violaron sus derechos humanos a la salud, al agua, a un medio ambiente sano y al consentimiento libre, previo e informado y culturalmente adecuado.
Las organizaciones y representantes de los niños y niñas de ese municipio confían en que los ministros de la primera sala de la SCJN tomarán en cuenta la voz del pueblo maya, ya que esta decisión impactará a otras comunidades que también han emprendido una lucha en contra de estas fábricas de la industria porcícola, como es el caso de Chapap.
Texto: Georgina Bacelis
