El 24 de febrero, fecha límite para definir futuro de matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberará si el Congreso de Yucatán comete desacato por no aprobar la unión entre personas del mismo sexo y no adecuar su legislación

En los próximos 9 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá emitir una resolución en la que se dará a conocer si el Congreso de Yucatán cometió desacato por no haber permitido el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, luego de que el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (PTFY) presentara un amparo en abril del 2019.

Mediante un comunicado, la agrupación dio a conocer que, en el 2015, la SCJN declaró que era inconstitucional prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación, por lo que la única solución era que los congresos locales modifiquen su legislación. 

A pesar de ello, hay 11 Congresos locales que se han negado a corregir sus códigos civiles y familiares. “Las parejas del mismo sexo que desean casarse en estas entidades solo tienen como opción demandar un juicio de amparo para que un juez federal ordene el matrimonio, caso por caso, proceso que tiene un costo que va de los 20 a los 25 mil pesos”, manifestaron.

Cabe recordar que, en el 2019, el Congreso del Estado de Yucatán no solo rechazó una iniciativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que los diputados votaron en secreto.

Ante esto, el Colectivo PTFY presentó una demanda de amparo en contra del Poder Legislativo yucateco por ir en contra de lo señalado por la SCJN y por incumplir su deber de adecuar su legislación con los tratados internacionales de derechos humanos. 

“Nosotros estamos solicitando que se ordene la modificación legislativa por ser discriminatorio que las parejas del mismo sexo deban presentar un juicio de amparo para casarse, pues esta situación invalida a la diversidad sexual y segrega el acceso al matrimonio a las personas que no pueden pagar la asesoría legal, además de que desperdicia tiempo y recursos del Poder Judicial de la Federación por culpa del desacato”, aseveró la agrupación en dicho documento.

Por su parte Kalycho Escoffié, del área jurídica del Colectivo PTFY, señaló que “el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara viene en sentido favorable y reconoce que la sola existencia de la norma discrimina a la comunidad LGBT no solo porque prohíbe el matrimonio igualitario, sino porque envía como mensaje al resto de la población que las uniones de este tipo son de menor valía”, dijo.

“Corresponderá a las dos ministras y los tres ministros que conforman la Primera Sala de SCJN decidir si aprueban el proyecto de sentencia redactado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el cual se declara que los Congresos locales no pueden emitir normas que la jurisprudencia del Máximo Tribunal ya declaró incompatibles con la Constitución por discriminar a ciertos grupos históricamente excluidos”, subrayó.

Esta iniciativa de ley presentada por las diputadas en ese entonces de Movimiento Ciudadano, fue rechazada en dos ocasiones, en abril y luego en julio del 2019.

Texto: Georgina Bacelis

Foto: Agencia

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