Tlaxcala es el Estado más pequeño de México. Los apenas 20,000 habitantes del centro de la capital son, por ejemplo, la mitad de la muchedumbre que vive en la colonia La Roma. O una quinta parte de los habitantes de Coyoacán. Si todos los trabajadores de la Secretaría de Cultura –la tercera dependencia federal en tamaño– aterrizaran de golpe en la ciudad, por sus calles empedradas de aire neocolonial habría más funcionarios que vecinos.
De momento, el traslado está siendo lento y progresivo. A dos horas en coche desde Ciudad de México, desde la inauguración hace un par de semanas, tan solo la secretaria Alejandra Frausto y su equipo más cercano se desplazan dos o tres días por semana a la nueva sede. “El objetivo es pasar cada vez más tiempo aquí. Siempre habrá alguien en Tlaxcala y, de manera paulatina, todas las áreas de la Secretaría han de poner un pie aquí”, señaló Frausto ayer durante un encuentro con periodistas, que completó su agenda del día con reuniones con un funcionario de la Secretaría de Transporte, una la subsecretaría del ramo, una senadora tlaxcalteca y la nueva directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
El movimiento de Cultura da el pistoletazo de salida al proceso de descentralización administrativa marcado por el Gobierno de López Obrador. Un plan criticado de inicio por los sindicatos y envuelto en crecientes dudas sobre el costo y la logística que supondría descongestionar por los 32 Estados de la República un sistema tan proverbialmente centralista como el mexicano. El número de trabajadores de las Administraciones Públicas alcanzó los 4.2 millones en 2016, según las últimas cifras disponibles. Casi la mitad de ese número son funcionarios federales y radican en la capital.
Cuando se anunció la mudanza, en octubre, varios sindicatos de Cultura realizaron plantones exigiendo más información. Desde entonces, se han mantenido en silencio, mientras fuentes de la Secretaría se han afanado en recalcar que, de momento, no se llevará a cabo ningún traslado de personal. De acuerdo con un documento consultivo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de la planeación del programa, cada Secretaría debería haber abierto desde principios de diciembre una consulta con sus trabajadores.
Para finales de febrero deberían estar listos unos cuestionarios para sondear su situación y disponibilidad para el traslado, así como un estudio de la capacidad de recepción por parte de las ciudades de destino. “La llegada de nuevas familias –apuntó el informe– significa que se requerirán viviendas, escuelas, hospitales, espacios públicos, entre otros, para que el movimiento sea atractivo desde el punto de vista del trabajador y su familia”.
El plan de acogida también incluyó como recomendaciones una batería de ayudas y estímulos al traslado: créditos para el acceso a la vivienda, becas escolares para los hijos y bonos de compensación.
Texto y foto: Agencia
