SEGUNDA PLANA – PUNTO MEDIO

HOMBRE DE POCAS palabras y siempre reacio a dar entrevistas a la prensa, al titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, se le puede perdonar todo porque en lo que es su mayor responsabilidad, o sea, la seguridad del estado, pocos podrían ponerle alguna tacha. Entre su gente, ayer en el Día del Policía, el experimentado jefe pronunció un discurso (del que le damos detalles en la página 15) que incluyó el planteamiento de que la seguridad es elemento clave para que el estado esté atrayendo inversiones y nuevas empresas, que generan más empleos. En un círculo virtuoso, la seguridad atrae empresas, y las empresas obligan a reforzar la seguridad, lo que plantea nuevos retos para esa Secretaría. Y eso no lo dice sólo el Comandante Saidén, sino también otras personas importantes, como el gerente general de Empaques Nova, Ulises Pedroza Carmona, quien en entrevista (página 11) subrayó que diversos factores positivos, especialmente la tranquilidad social, hacen que el estado sea lugar propicio para que las empresas locales se expandan y para que otras vengan a instalarse. Es obvio, entonces, que preservar y potencializar la seguridad debe ser una tarea transversal, de todos.

ALGUNOS CREÍAN que no lo iba a hacer, pero el presidente Enrique Peña Nieto promulgó antier la nueva Ley de Seguridad Interior, a pesar de numerosos señalamientos de que el documento abre la puerta para que las Fuerzas Armadas incurran en violaciones a los derechos de los ciudadanos. La implantación de esa ley genera una catarata de preocupaciones, por la discrecionalidad que se concede al propio Presidente y a los gobernadores para pedir que el Ejército someta por la fuerza a ciudadanos que estén exigiendo sus derechos. Toda clase de organizaciones (la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán entre ellas) han advertido sobre el riesgo de que la ley propicie abusos, pero aun así el presidente mandó la propuesta al Congreso, donde ni la Cámara de Diputados ni el Senado vieron nada malo en la iniciativa. Y eso es, subrayamos, lo preocupante, que no se consultó a la población y ahora ya no se atiende la reclamación popular contra ese “permiso discrecional para usar la fuerza”.

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