Teléfono descompuesto

CARLOS HORNELAS
carlos.hornelas@gmail.com

En días pasados, el senador Ricardo Monreal de Morena, ha dado a conocer su intención por regular las redes sociales a través de una iniciativa que se ha remitido para su análisis, así como también, más recientemente, una nueva, que pretende crear un padrón de usuarios de telefonía móvil con registros biométricos.

Desde la perspectiva de esta bancada, contar con dicho censo ayudará a disminuir la comisión de delitos al eliminar el anonimato en la adquisición de teléfonos celulares, pues, en todo momento delatarían a quien lo porte.

Esta propuesta que, para algunos puede parecer razonable, deja de lado una serie de cuestiones e ignora la historia. En el sexenio de Felipe Calderón se intentó hacer un esfuerzo similar a través del entonces llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). Se pretendía que toda persona que poseyera un aparato celular se registrara con nombre y apellidos en una plataforma que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces Ifetel, había construido para tal efecto.

Como se recuerda, en aquella época el argumento era que a través de dicho instrumento se podría geolocalizar a delincuentes y desarticular su acción coordinada para la comisión de fechorías. No obstante, en ese sexenio la extorsión telefónica y el llamado secuestro exprés que acababa de tipificarse en el código penal se realizaban por sujetos desde verdaderos Call Centers ubicados dentro de las prisiones. Uno se preguntaba entonces ¿cómo había pasado inadvertida la introducción, uso y posesión de los aparatos dentro de las condiciones de reclusión? Y ¿por qué, en todo caso, no se instalaban dispositivos inhibidores de dichas frecuencias al interior de los penales para desactivar sus felonías?

Sea como fuere el episodio terminó como una mala broma porque, eventualmente hubo quien se pitorreó del requisito y se registró como “Pepito el de los Cuentos”, “Batman”, “Cantinflas” o “Felipillo Calderón”.

Aunado a este hecho, lejos de que cesaran o disminuyeran dichos delitos, o bien, la medida sirviera como un elemento de disuasión para los delincuentes, la base de datos de los usuarios se vendía en Tepito, a un costo accesible, en CD o el entonces incipiente USB.

De acuerdo con datos de Condusef los reclamos por fraudes cibernéticos han aumentado un 25% en el último año. Otras conductas delictivas al alza implican daños a la infraestructura de servidores, fraudes, suplantación de identidades, phishing, entre otros.

De acuerdo con la ONU, el uso del internet aumentó entre 50 y 70% en el último año, presumiblemente a partir de las medidas de aislamiento por la pandemia. Lo cual tiene su correlato en el porcentaje de mujeres que han sido objeto de algún tipo de violencia en línea que en el mismo ciclo aumentó en un 73%

Asimismo, en un año de pandemia y encierro, el comercio electrónico ha repuntado su actividad, así como la diversidad de servicios en la nube y la mayor parte tiene como dispositivo de entrada/ consulta el teléfono celular.

Por si fuera poco, habrá que considerar que el registro puede vulnerar la llamada “presunción de inocencia” porque el portador de un dispositivo no necesariamente puede ser quien se ha registrado. Si el artefacto es robado y se utiliza para otras actividades ilícitas, ¿acaso se partirá de la premisa de que cuenta con el consentimiento del usuario registrado? Además, en algunos casos, como los periodistas de investigación que se dedican a temas como el narcotráfico o la corrupción, es un riesgo que puede poner en peligro su vida.

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