Con apenas 36 años de edad, la priista Lizbeth Alonso Carreón logró que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Juárez aprobara su jubilación porque supuestamente acreditó 15 años de trabajo en el Municipio, lo que le abrió el camino para recibir una pensión vitalicia del erario.
La misma resolución se dictó a favor de Fernando Motta Allen, exdirector de Protección Civil que fue separado de su cargo después del accidente ocurrido hace un año en las Dunas de Samalayuca, donde una mujer murió embestida por un auto de “arrancones”.
La Comisión edilicia autorizó esta semana por mayoría de votos la solicitud de jubilación de ambos exfuncionarios públicos, con lo que sólo falta que Recursos Humanos los ponga a disposición del secretario del Ayuntamiento para su revisión jurídica y que el presidente municipal firme el documento para que se oficialice el trámite, informó ayer Cristina Paz Almanza, coordinadora del grupo conformado en el Cabildo.
La edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que no existe ninguna razón legal para denegar a los ex servidores públicos su derecho a retirarse, porque presentaron toda la documentación establecida en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones.
La firmamos el regidor Julio Alejando Gómez Alfaro y yo porque revisamos a detalle las solicitudes y no vimos mayor problema de que se jubilaran, creo que ya está en revisión en la Secretaría del Ayuntamiento y en firma con el presidente, sostuvo Cristina Paz.
De acuerdo con el dictamen de jubilación presentado por la ex coordinadora de Audiencias Públicas se menciona que ingresó a laborar en el Municipio el 5 de junio del año 2000, ha prestado sus servicios por un lapso de 15 años y con esa antigüedad le correspondería el 55 por ciento del último sueldo devengado que es de 38 mil 480 pesos, por lo que recibiría una pensión de 21 mil 164 pesos mensuales.
En el caso de Motta Allen le correspondería una pensión del 75 o el 85 por ciento de los 40 mil pesos mensuales que recibía de salario, lo que equivale a 30 o 34 mil pesos al mes.
La autorización confrontó a los integrantes de la Comisión, porque la regidora Norma Sepúlveda Leyva, quien se ocupa como vocal del grupo, denunció ayer que el acuerdo lo firmaron a sus espaldas porque no lo pusieron a su consideración.
“Me entero de que ya se firmaron las jubilaciones porque Lizbeth Alonso vino y me lo dijo personalmente a mi oficina y hasta en un tono altanero, casi a gritos, y me pidió que actuara con humildad y que firmara, lo que es un abuso y una falta de respeto muy grande porque la Comisión la integramos los tres y que lo hayan hecho a mis espaldas dice mucho porque se trataba de uno de los asuntos más complicados y polémicos porque no se acreditaba la antigüedad laboral”, expuso.
De la solicitud de Motta Allen, la regidora panista afirmó que el caso tampoco se lo volvieron a turnar después de que la Comisión Mixta de Reconocimiento de Antigüedad acreditó que había cumplido con 20 años de servicio aunque presentaba períodos en los que se separó de su empleo en el Municipio hasta su retorno en octubre de 2013 y nuevamente tiene una salida en septiembre de 2015.
Sin embargo, Paz Almanza aseguró que la panista se negó a firmar las dos solicitudes cuando las pusieron a su consideración.
“La regidora Norma no las quiso firmar ninguna de las dos jubilaciones, pero aún no se autorizan del todo, aún está en revisión por el presidente”, mencionó.
Explicó que después de la primera revisión que se hizo, en junio pasado cuando surgieron varias dudas con las dos solicitudes, Lizbeth Alonso llevó en su momento toda la documentación y copia de sus recibos para probar que tiene continuidad laboral desde el 2000 hasta la fecha.
Mientras que a Motta Allen se le reconoció 20 años y varios meses de trabajo en el Municipio, por lo que cumplió con la edad y la antigüedad para jubilarse.
“No hay favoritismo ni nada en estos casos, se estuvieron revisando los expedientes y por eso se tardó tanto en resolver, pero ya no hay razón para frenarlos”, sostuvo la coordinadora de la Comisión, quien agregó que el caso de Motta Allen lo puso a consideración del Tribunal de Arbitraje Municipal, donde supuestamente emitieron una opinión verbal de procedencia de la jubilación porque así lo acreditó la Comisión de Reconocimiento de Antigüedad.
Norma Sepúlveda afirmó que si bien las solicitudes se pueden aprobar por mayoría de votos, Cristina Paz estaba obligada a turnarle las solicitudes para su revisión y seguir el protocolo, porque en caso de oponerse lo sustenta mediante un escrito, el que no existe.
Agregó que el expediente de Lizbeth Alonso tenía inconsistencias e irregularidades, porque durante su desempeño en la función pública se había dado de baja, renunciado de manera voluntaria y solicitado licencias en varias ocasiones sin que constara el tiempo que había estado sin trabajar.
Por ejemplo, en el expediente al cual El Diario tuvo acceso en junio pasado, se observó que la ex candidata a diputada local y ex coordinadora de Audiencias Públicas en el Gobierno Municipal se dio de baja el 21 de octubre de 2010 y el 21 de abril de 2012 presentó una renuncia voluntaria, pero entre dos lapsos no existe un formato de reingreso o de alta, por lo que se desconoce cuánto tiempo estuvo fuera.
También existe la renuncia que presentó en febrero de este año para postularse como candidata a diputada local por el distrito 07, contienda en la que no resultó electa y a la fecha no ha regresado al Municipio a trabajar, por lo que el departamento y cargo que ocupaba ya no existía.El Diario mx.
