Los sismos de 2017 fueron algunos de los desafíos más grandes que ha vivido el INAH en sus 80 años. Hasta ahora, los responsables de la reconstrucción del patrimonio dañado le ponen nombre y apellido a los retos que enfrentaron y que seguirán enfrentando en los próximos años. Reconocen que hubo una mala gestión en los primeros meses, derivada del desconocimiento y de la falta de protocolos para acceder a recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) y del seguro contratado con Banorte; y afirman que hay poco personal capacitado para atender los 2 mil 340 inmuebles y unos 6 mil bienes muebles dañados, en 11 estados.
MALOS CÁLCULOS
Una de las grandes dificultades que han arrastrado desde hace dos años es la gestión de los recursos. Los responsables de la restauración admiten que hubo algunos errores, por ejemplo: no solicitaron apoyo al Fonden para realizar proyectos de obra porque se les “olvidó”; y que los retrasos han provocado fuertes tensiones con la Iglesia y con las comunidades en donde han presionado fuertemente para que reconstruyan sus templos. Ahora existe una mejor relación y se tuvo que hacer un convenio con la Conferencia del Episcopado Mexicano para que hubiera una manera “más tersa”, pero también se ha puesto sobre la mesa la corresponsabilidad de la Iglesia en el uso de los inmuebles.
De muchos inmuebles en zonas apartadas en los estados no se tenía siquiera registro de su existencia, otros no habían sido catalogados como monumentos históricos; tampoco se tenía claro cómo valuar los daños. La cantidad de afectaciones los rebasó y muchos de los cálculos del valor se hicieron a distancia con fotos de los inmuebles. A la fecha existen apuntalamientos endebles porque no pidieron suficientes recursos de las Acciones Preliminares Inmediatas (API) para solicitar las maderas, y es que en un principio no querían pedir más dinero del que se necesitaba y terminó siendo insuficiente debido al mal cálculo.
Por otra parte, los bienes muebles también han sido un gran reto porque, en su mayoría, fueron resguardados por las comunidades y, en muchos casos, el registro no está completo. Además, hasta ahora tienen al menos un registro del robo de una pintura de la Virgen de Guadalupe, pero temen que haya más conforme avancen en la catalogación. Los bienes dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 suman alrededor de 6 mil, y entre éstos hay esculturas y murales.
Esta información fue dada a conocer por Salvador Camarena, coordinador operativo de la Oficina de Sismos del INAH, y las titulares de las coordinaciones nacionales de Monumentos Históricos (CNMH) y de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC), Valeria Valero y María del Carmen Castro, respectivamente, en el marco del seminario “Sismos y patrimonio cultural: balance de su restauración”, que se desarrolló el pasado 17 de septiembre en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, coordinado por los investigadores Bolfy Cottom y Bertha Peña.
EL CENSO Y LOS COSTOS
Uno de los grandes desafíos que citó Camarena fue el censo del patrimonio dañado que, a nivel político, generó fuertes presiones y es que llegar al censo de 2 mil 340 inmuebles representó un trabajo que, por momentos, fue caótico y muchos inmuebles quedaron fuera y tuvieron que entrar a la esquela de financiamiento mediante seguro.
“El reglamento del Fonden establece que en el primer mes se tiene que informar el censo y el valor de los daños. El 20 de octubre, todo el mundo estaba vuelto loco porque tenía que subir la mayor cantidad de registros y en ese momento se lograron sólo mil 252, fue la primera cifra de daños que apareció y siguió creciendo hasta llegar a una cifra que se mantuvo durante mucho tiempo, que fue de 1,821 inmuebles y siguió creciendo hasta llegar a tener cerca de 2 mil 800, luego se depuró y terminó en 2 mil 340”, recordó.
El siguiente reto, continuó Camarena, fue valorar los daños. “En un mes teníamos que censar y valorar, ¿pero valorar en relación a qué? Muchas veces se valoró a distancia, con una fotografía se calculó, por ejemplo, que costaba un millón de pesos la restauración de un inmueble”, dijo Camarena.
PROCESO TRAUMÁTICO
Otro desafío fue acceder a las fuentes de financiamiento del seguro y del Fonden. El INAH decidió que el dinero del seguro se recibiría en un esquema de pago en especie, nunca se había hecho así, pero para evitar que el depósito se hiciera primero a Hacienda y con el fin de agilizar el trabajo, se optó por esa modalidad. Lo cierto es que los trámites fueron muy complicados, en el caso del seguro no sabían cómo hacerlos. “Nadie sabía cómo, no había manual. En febrero se desarrolló un protocolo que nos permitió tener una clara idea de qué hacíamos nosotros en este proceso”, dijo Camarena.
Además, la obtención de los recursos puso a prueba la “honorabilidad del instituto” porque si bien el dinero del seguro no llegó a manos del INAH, el instituto tenía la obligación de elegir a las empresas con las que se iba a trabajar. “Se hizo un protocolo muy limitado, pero nos ayudó a identificar los diferentes agentes y definir qué parte les correspondía a cada uno”, agregó.
El seguro, dijeron, ejerció una “rudeza y trató de regatearlo todo”. “Esta negociación fue y sigue siendo muy terrible, fue un proceso traumático para el INAH, no estábamos preparados para esta confrontación y se sumaron los temas de costos y de la presión. Cuando avanzamos en las negociaciones, el seguro reconoció que había sido muy duro y que nos había castigado mucho, entonces nos compensó con 25%, el 20% se usó para paliar la baja del presupuesto que nos impuso y 5% fue para gastos de operación, pero no sabíamos cómo usarlo. Esto fue un galimatías espantoso que nos ha perseguido durante dos años”, expresó Camarena.
Para Valero, el panorama de la reconstrucción del patrimonio es claro y preocupante: “Ahora sabemos que el 50% restante (de la reconstrucción) nos va a llevar mucho más tiempo, los procedimientos y la toma de decisiones se vuelven cada vez más complejas”. Y el gran reto es la supervisión. “Tenemos que generar estrategias para que se fortalezcan los equipos técnicos, si tenemos todas las obras abiertas al mismo tiempo corremos el riesgo de que la supervisión no sea constante”.
María del Carmen Castro dijo que, a diferencia de los inmuebles, los bienes muebles se enfrentan al reto de la catalogación. Citó que en Xochimilco el arqueólogo Tomás Villa sacó un libro en donde venían los números de inventario de las piezas y venían con imágenes, pero en muchos casos esto no existe. “Queremos trabajar con el Episcopado para ver qué catálogos tienen ya realizados, con Sitios y Monumentos tienen ya también algunos”.
En este sentido se han topado con que existen muy pocos restauradores con empresa y esto hace muy complejo que puedan acceder a todo el procedimiento administrativo que exige el Fonden.
Texto: El Universal
Fotos: Cortesía
