El Tren Maya, la obra estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, conllevará afectaciones negativas a 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y a sus servicios ambientales, como la recarga de los acuíferos y su capacidad para capturar carbono. Además, podría implicar la destrucción irrecuperable de mil 288 sitios arqueológicos, ha vulnerado los derechos de 146 mil indígenas, las tierras aportadas para el proyecto y sus polos de desarrollo jamás podrán recuperarse; además, el empleo que creará será precario y temporal.
También se prevé que abone al incremento de la trata de personas y al tráfico de drogas en los cinco estados afectados.
Ese es el resumen del documento Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el grupo constituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya.
A finales de septiembre de 2019, el Conacyt invitó a más de 30 investigadores para conformar este grupo con el fin de estudiar las afectaciones a lo largo de los mil 500 kilómetros de vía, las diferentes estaciones y ciudades por las que pasará el tren.
Tras la convocatoria de la consulta, el 15 de noviembre de 2019, el consejo apremió a los investigadores para que entregaran el análisis, bajo el entendido de que la información se difundiría antes del proceso.
De acuerdo con fuentes cercanas a su elaboración, un primer resultado fue enviado entre el 10 y el 12 de diciembre, pero el informe, en lugar de ser distribuido a secretarías y público en general, fue detenido.
El análisis completo consta de cinco documentos de 60 cuartillas cada uno y se hizo llegar un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República. La consulta se celebró finalmente el 14 y el 15 de diciembre de 2019. Votaron 100 mil personas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que ésta no cumplió con los estándares internacionales y que los votantes apoyaron la obra sólo por la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
“Nos pusieron tiempos muy breves para cumplir con esa fecha, pidiéndonos que entregáramos algo. Y lo hicimos. Pero ahí se paró. Nos dijeron que era muy tarde y que ahora no querían sacarlo antes de la consulta para no influir”, explicó uno de los investigadores bajo condición de anonimato. En el propio documento falta información pública sobre el proyecto, la cual salió a la luz tras la consulta.
El Conacyt dijo después que lo difundiría en otras dos ocasiones (el 17 de diciembre de 2019 y, luego, en la tercera semana de enero de 2020); sin embargo, nunca lo hizo.
El informe, según se lee, pretende ofrecer “información a los diversos actores de la sociedad, del gobierno y de la academia que tienen interés o la responsabilidad de contribuir activamente a garantizar la prevalencia del bien público”; aunque aclara que no se dispone “todavía de estudios de infraestructura básica, impacto social, impacto ambiental y otros más específicos indispensables para estimar la viabilidad y pertinencia de un proyecto de esta envergadura”.
El Tren Maya está en la zona de influencia de “yacimientos petroleros del país y con una buena parte de los mineros”.
El proyecto del Tren Maya afectará a por lo menos 10 Áreas Naturales Protegidas: reservas estatales de Balam Kin y Balam Kú (Campeche); el Parque Nacional de Palenque (Chiapas); las Áreas de Protección Cañón del Usumacinta (Chiapas), Yum Balam, Manglares de Nichupté y Uaymil (Quintana Roo); las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an (Quintana Roo), así como Los Petenes y Calakmul (Campeche).
“Sufrirán alteraciones [degradación, fragmentación y deforestación] asociadas con la construcción, circulación y desarrollo del proyecto”, el cual tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales de los ecosistemas que serán afectados, destacando la recarga del manto freático y la captura del bióxido de carbono atmosférico.
Texto y fotos: Agencias
