El Presidente de EU, Donald Trump, que viajó ayer jueves a la localidad texana de McAllen para ver con sus propios ojos la situación en la frontera con México, volvió a amenazar con declarar una emergencia nacional para poder construir el muro, eludiendo al Congreso, donde los demócratas rechazan su solicitud de 5,700 millones de dólares para levantarlo. El pulso provocó un cierre parcial del Gobierno desde el pasado 22 de diciembre, que mantiene a centenares de miles de funcionarios federales en sus casas o sin cobrar, muchos de ellos de agencias que nada tienen que ver con la seguridad fronteriza.
“O tenemos una victoria, llegamos a un acuerdo porque creo que un acuerdo es una victoria para todos, o declararé una emergencia nacional”, dijo Trump al abandonar la Casa Blanca en dirección a Texas. “No estoy listo para hacerlo todavía, pero si tengo que hacerlo lo haré”.
La declaración de emergencia le permitiría acceder a fondos federales destinados a las fuerzas militares y redirigirlos, sin recurrir al Congreso, a construir el muro que ha prometido a sus votantes. Pero se trataría de una utilización de los poderes presidenciales poco ortodoxa, que sin duda desencadenaría una ardua batalla constitucional. Incluso algunos congresistas republicanos han señalado que se trataría de una interferencia sin precedentes en las competencias que tiene el Congreso en la asignación de fondos, solo justificada en las circunstancias más excepcionales.
Desde 1979, ha habido un total de 31 declaraciones de emergencia nacionales, la mayoría relacionadas con guerras o catástrofes naturales. Trump ha recurrido a ella en tres ocasiones: para poder imponer sanciones a abusadores de derechos humanos (diciembre de 2017), para castigar a agentes extranjeros que interfieran en elecciones estadounidenses (septiembre de 2018) y para castigar a miembros del Gobierno nicaragüense, en medio de las protestas violentas en el país (noviembre de 2018).
Trump habla de una emergencia en la frontera, que relaciona con un más que discutible flujo masivo de criminales y drogas, y con una más real saturación de los centros de acogida de inmigrantes indocumentados. Estos se encuentran en muchos casos al límite de su capacidad, no porque las aprehensiones en la frontera hayan crecido sustancialmente, que no es cierto, sino porque quienes llegan tienden a ser, más que individuos solos, familias que piden asilo, y con las nuevas medidas introducidas por la Administración estas deben permanecer bajo custodia federal hasta que se resuelvan sus solicitudes.
Los demócratas niegan que exista una crisis que requiera una declaración de emergencia nacional. Para acabar con el cierre parcial del Gobierno, proponen aprobar la financiación necesaria para poner en marcha aquellos servicios no relacionados con el muro, y seguir discutiendo sobre la seguridad fronteriza.
Texto y foto: Agencia
