CARLOS HORNELAS
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Fue, precisamente, una llamada telefónica la que cambió la historia política en Estados Unidos cuando, en 1972, se alertó a la policía local, de un allanamiento a las oficinas centrales del partido demócrata, ubicadas en la calle Watergate. A la postre se sabría que dicha acción había sido planeada, organizada, coordinada y posteriormente encubierta y negada por el propio presidente republicano Richard Nixon.
En aquel momento las huestes de Nixon, que incluían empleados en activo de la CIA, el FBI o el IRS, azuzaban a diversas organizaciones civiles afines a acosar a activistas en defensa de la democracia, así como a opositores y detractores de ese régimen. En aquellos años, Nixon, se valió de un discurso patriotero de unidad para tratar de justificar los abusos de poder en los que había incurrido. Finalmente renunció y Gerald Ford, quien le sucedió al cargo, le otorgó un perdón para salvarlo de las rejas.
El presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones que le habrían dado el triunfo a Joe Biden, su contendiente republicano, en los comicios de noviembre pasado. Los intentos por revertir el proceso han incluido sembrar la duda sobre la lealtad y eficiencia del servicio postal americano, conspiraciones con naciones como Ucrania, el fraude electoral, la difusión de noticias falsas, entre otros.
El fin de semana Washington Post publicó que, a través de una llamada telefónica, Trump presionó a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, a “conseguir” 11,780 votos a fin de ganar ese Estado y le recordó que era militante republicano. La transcripción completa de la llamada, de casi una hora, se publicó en el New York Times posteriormente. Raffensperger habría obsequiado la grabación y habría consentido su publicación sólo en el caso de que el presidente arremetiera contra él en los medios de comunicación, cosa que sucedió a través de Twitter el domingo.
La llamada en sí misma puede representar ya un mecanismo de coacción dado que, el presidente, quien todavía tiene un poder enorme, tan enorme, que en su pulgar ha estado el botón de las armas nucleares en más de una ocasión, le pide a aun funcionario que cometa una infracción y altere los resultados electorales. Es una amenaza velada a su persona. Un abuso de poder.
Un funcionario de la mayor jerarquía ha pedido a otro la comisión de un delito, le ha instado a torcer la ley, y con ello pasar por alto la voluntad del electorado, que, en última instancia, también lo había colocado en ese puesto al inicio de su mandato. Si esto es materia de delito, o no, lo sabremos seguramente en un mediano plazo, como también sabremos si su sucesor le otorgará o no el perdón respectivo y las reacciones ante estas medidas. Cualquier resultado puede profundizar la polarización política de los últimos años.
Si Trump no ha tenido reparos en presionar a funcionarios estatales, muchos se preguntan hasta qué extremo está dispuesto a llegar con tal de salirse con la suya. Por lo pronto, una carta difundida por el Washington Post en la mañana del domingo advierte la preocupación de involucrar al ejercito en el conflicto electoral. La carta ha sido firmada y apoyada por los últimos diez secretarios de la Defensa vivos ente quienes se encuentran los que han servido durante gobiernos republicanos y demócratas: Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry y Donald Rumsfeld.
Esperemos que sea la propia conciencia quien le haga una llamada de atención a Donald Trump y ceje en sus intentonas por revertir el proceso a riesgo de socavar esa democracia.
