¿Debe aplicarse la pena de muerte en México? ¿Qué beneficios y perjuicios tendría esa decisión en la sociedad de nuestro país?

EN CONTEXTO:

UNA PROPUESTA CONTROVERTIDA PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA MEXICANO

En tiempos actuales, donde la delincuencia, la violencia y la inseguridad son algunos de los problemas que se palpan en el país con mayor agudez, en los sectores políticos, económicos y sociales se pide a gritos algún mecanismo que permita controlar o aminorar los índices de criminalidad, y una de las propuestas que más polémica levanta, por muy drástico que pueda sonar, es la pena de muerte.

El abogado penalista Raúl Carrancá y Trujillo definió a la pena capital como “un tratamiento que el Estado impone a un sujeto que ha

cometido una acción antisocial o que representa una peligrosidad social, pudiendo

ser o no ser un mal para el sujeto”. Del mismo modo, otro penalista, Fernando Castellanos Tena, consideraba a la pena de muerte como un “castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente, para conservar el orden jurídico”, y si para conservar dicho orden, se necesita la ejecución del infractor de la ley, se debe proceder.

En su informe “La Pena de Muerte en el Mundo, México y los instrumentos

multilaterales por su abolición”, el investigador parlamentario Gabriel Mario Santos Villarreal relata que la pena de muerte, o pena capital, ha existido a la par con la humanidad. El informe indica que, de acuerdo con cifras de Amnistía Internacional en 1977, sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos, pero 31 años después, en diciembre de 2008, esa cifra ascendió a 92.

En el año 2007, el 80 por ciento de las ejecuciones se realizaron en cinco de los 59 países que aún aplican la ley: Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán.

En México, señala Santos Villarreal, la pena de muerte existió desde la época prehispánica, aunque en la Constitución de 1917 se permitió la aplicación del recurso a los traidores a la patria. Sin embargo, la pena capital fue suprimida y abolida absolutamente el 9 de diciembre de 2005.

 

Mauricio Sahuí Rivero

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social

NO HAY PRUEBAS CIENTÍFICAS QUE APOYEN EL ARGUMENTO DE LA REDUCCIÓN DE LA CRIMINILIDAD CUANDO SE APLICA LA PENA DE MUERTE, EN COMPARACIÓN CON LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COMO CASTIGO

NO. En 2013, Amnistía Internacional publicó el estudio “Not Making Us Safer”.

Explica, y concuerdo, que la pena de muerte suele ser una respuesta al incremento en los niveles de violencia percibidos por la sociedad y que podría convertirse en la “manera rápida” de intentar dar una solución.

No hay pruebas científicas que apoyen el argumento de la reducción de la criminalidad cuando existe la pena de muerte, en comparación con la privación de la libertad como castigo. No existe una correlación entre la pena de muerte y el decremento de los crímenes.

Concluyo: la evidencia demuestra que la acción disuasiva más eficiente en contra de la criminalidad es la alta probabilidad de que el criminal sea detenido, juzgado y castigado. A menores tasas de impunidad, menores crímenes, exista o no la pena de muerte.

Lo que hay que detener, son los crímenes, no las vidas. Son las políticas públicas sobre este tema, la acción de las autoridades y la funcionalidad del sistema de impartición de justicia los que reducirás los índices. No veo “pros” y “contras”, para mí sería: primero, y antes que nada, está el derecho a la vida.

 

Angélica de la Peña

Senadora del PRD por la LXII Legislatura

UNA PENA TAN ABSURDA COMO INEFICAZ

Además de EU, otros países como China, Irán, Arabia Saudita, Cuba y Nigeria, entre otros, todavía aplican esta medida extrema a pesar de que es inconvencional; las organizaciones internacionales promueven con insistencia que la pena de muerte es una afrenta a los derechos humanos, y todas las personas, incluidas las que pudieran cometer los más atroces crímenes, no se les puede negar el derecho fundamental de la vida.

La abolición de la pena de muerte forma parte de la discusión hacia el avance que toda sociedad democrática debe emprender, pues forma parte de los pactos civilizatorios de las naciones; desde la evolución del derecho penal y de la ética política se señala que nadie puede ser excluido del derecho a la vida y esta sanción es inaceptable.

Cuando en México surge la opinión a favor de legislar esta medida para castigar a delincuentes, quienes nos oponemos argumentamos lo siguiente: a) niega derechos humanos; b) es irreversible y se pueden cometer errores; c) no disuade el crimen, no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la prisión; o d) suele emplearse en sistemas de justicia sesgados.

 

Cecilia Patrón Laviada

Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida

LOS CIENTOS DE CONDENADOS EN EU NO HAN FRENADO LOS ACTOS DE VIOLENCIA

La situación tan violenta que vive el país y los hechos delictivos tan dolorosos para muchas familias nos hacen cuestionarnos si la única manera de frenar la violencia es poner castigos ejemplares y severos, como la pena de muerte.

La experiencia de otros países, como la de algunos estados de los Estados Unidos nos sugiere que no. Los cientos de condenados que esperan la aplicación de la pena de muerte no han frenado las matanzas y los actos de violencia.

La clave sigue estando en un sistema de justicia confiable y eficiente, además de una mejor educación de la sociedad en valores universales, mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país desde el gobierno y facilitar el desarrollo de empleos mejor pagados.

 

Alpha Tavera Escalante

Alcaldesa de Valladolid

MÉXICO DEBE SER UN PAÍS QUE RESPETE LA VIDA

Creo firmemente que la pena de muerte no resuelve los problemas de justicIA, por el contrario, se corre el riesgo de condenar a no culpables y se puede incurrir en injusticias que serían irreversibles; los procesos judiciales, por muy avanzada que sea la legislación,  pueden ser falibles a la hora de aplicarse.

El respeto a la vida de un infractor implica una concepción jurídica basada en el derecho individual del cual gozan las personas. No olvidemos que México se unió desde hace más de una década a los países que tienen en el respeto a la vida, uno de sus más altos derechos.

Es innegable también que la aplicación de la pena de muerte ha sido tema de debate en los últimos años ante la ola de violencia y criminalidad que se vive en el país. Sin embargo, la experiencia de otros países nos ha demostrado que esta práctica no ha logrado disuadir el crimen.

 

David Barrera Zavala

Diputado local por el PRD

MÁS QUE ENDURECER LAS PENAS, SE DEBE PRIORIZAR EN PREVENIR EL DELITO

Me parece que el tema de la pena de muerte en México, por la implicación de lo que representa, debe de surgir de un análisis profundo, con debates de especialistas y la ciudadanía y luego tomar la decisón de la mayoría.

Más que estar buscando endurecer penas, incrementarlas o llegar a los extreños, debe haber una priorización por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal en una política de prevención.

No se trata de vaciar las cárceles a través de esta pena de muerte, sino de que no haya delincuentes, y eso se logra con políticas de prevención para los niños y jóvenes, fomentanto el empleo y el deporte, que harán que los delitos vayan en disminución.

 

Adelaida Salas Salazar

Activista contra la violencia de género

EL SISTEMA DE JUSTICIA NO ESTÁ LISTO PARA APLICAR ESTA PENA

En mi punto de vista, México no está preparado para aplicar esta pena en el sistema de justicia.

Tenemos un sistema de justicia penal de oralidad que se está implementando con muchas fallas y desaciertos, además de ser un sistema de justicia  corrupto.

Esta pena puede ser aplicada a luchadoras y luchadores sociales que están injustamente detenidos y encarcelados, por así convenir al sistema.

Creo nos falta mucho para poder instaurar en Yucatán y todo México la pena de muerte, porque primero se tiene que perfeccionar el sistema de justicia.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *