CIUDAD DE MÉXICO. La desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos que enfrenta el Estado mexicano, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto.
El mandatorio promulgó ayer la Ley General de Desaparición ante miembros de organizaciones de la sociedad civil. El acto se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos de forma privada ante organizaciones y funcionarios federales.
De acuerdo con la nueva ley, la pena para quien incurra en el delito de desaparición forzada es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa.
La sanción aumenta hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
En el acto, realizado en salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el Ejecutivo aseveró que esta ley marcará un antes y un después.
“La promulgación de esta ley es un paso de gran trascendencia, es un acto que fortalece la justicia, al reconocer que la desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos que tenemos como Estado y da herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares”, dijo.
De acuerdo con el presidente de la República, esta promulgación es también un acto que promueve la verdad y al mismo tiempo establece procedimientos e instituciones para que el Estado busque activamente de manera coordinada a las personas desaparecidas o no localizadas.
“Es un acto que fortalece la seguridad pública, al establecer políticas, instrumentos y normas para prevenir la desaparición de personas”, agregó.
La promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país, reconoció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Sin embargo, demandó que la promulgación “tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018”.
La organización señaló que el Estado debe renovar su compromiso con los organismos internacionales de derechos humanos. Y con miras a una implementación adecuada y participativa de las familias, añadió, “estaremos esperando fecha para reunirnos con el Ejecutivo y con los funcionarios involucrados, incluyendo a las autoridades de las entidades federativas cuyo rol en este proceso es sustancial”.
En un comunicado precisó que ayer la ley fue firmada por el presidente Enrique Peña Nieto en un acto conjunto con las familias que conforman el Movimiento.
La ley, subrayó, es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones y crímenes cometidos en el pasado.
“La impunidad del pasado nos persigue y rebasa tanto que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México” puntualizó.a
En su comunicado, las familias de desaparecidos plantearon que la ruta de trabajo para la pronta implementación de la ley incluya siete puntos, entre ellos la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales, “asegurando procesos abiertos y participativos en la designación de titulares y la dotación de presupuesto necesarios para la búsqueda efectiva de personas”.
Las organizaciones demandaron, además, garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la declaración especial de ausencia por desaparición.
Texto y foto: Agencias
