Acusan a alcaldesa de venganza política

La señora María Juana Lucía Rejón y Gil señala que la edil de Xocchel desacata una orden para aceptar el pago de un permiso de una agencia de cerveza

La alcaldesa de Xocchel, Leydi Castro Gamboa, ha desacatado una orden judicial para aceptar el pago correspondiente a la renovación de un permiso de uso de suelo para un negocio en la cabecera municipal y podría ser sancionada por la expulsión del cargo, ya que pretenden cobrar 55 mil pesos en lugar de 10 mil 894 pesos que dicta la sentencia.

“Ella está en desacato por tres veces, ya he acudido a pagar la renovación de mi permiso, pero Leydi Castro y la tesorera Rosalba Uc no me aceptan el dinero, dicen que si quiero la renovación debo pagar 55 mil pesos, porque eso marca su Ley de Hacienda”, dijo la señora María Juana Lucía Rejón y Gil, quien tiene 10 años pretendiendo reabrir su negocio, una agencia de cervezas que tiene más de 50 años funcionando en Xocchel.

Además, señaló Rejón y Gil, la alcaldesa y la funcionaria lo hacen como venganza política, aunque ella prefirió irse a los tribunales de justicia administrativa.

“Yo fui candidata de Morena en el 2018 y soy testigo que además de estar en desacato, Leydi Castro es una alcaldesa ilegal, pues ella mandó a quemar las boletas para declararse ganadora y ahora busca reelegirse”, contó María Juana, mujer de la tercera edad que quiere seguir trabajando.

Mencionó que el local en disputa tiene 50 años funcionando, desde que lo tuvo su padre, pero ahora lleva 10 años cerrado por la cerrazón de las autoridades municipales, pues primero Leydi, luego su padre, y ahora nuevamente como alcaldesa, Castro Gamboa la ha perjudicado por venganza.

Lo último que le pidieron, compartió, además de los 55 mil pesos, es que pague el impuesto predial de todos esos años, lo que no está mal, pero sí que pretendan cobrarle tanto dinero por la renovación.

Al respecto indicó que el Tribunal de Justicia Administrativa condenó al Ayuntamiento de Xocchel a aceptar el pago en tres ocasiones, el último en octubre pasado, a través de un documento llevado por un actuario en las tres ocasiones, y que se han negado a aceptar e incluso no se les encuentra en sus oficinas.

Por último, externó que los tres oficios que no les han aceptado están firmados por el magistrado Miguel Diego Barbosa Lara y otros dos funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa.

Texto y fotos: Esteban Cruz Obando

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