Los anteriores presidentes de la República dieron a conocer sus respectivos decálogos de principios para gobernar. Aunque en el caso de EPN era un decálogo de quince puntos. Andrés Manuel, quien se entroniza como el ejecutivo federal antes de tiempo, ha dado a conocer 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana.
Durante la campaña, más de un periodista le interrogó sobre sus estrategias para llevar a cabo aquello que prometía. Hasta la fecha, lo que se conoce, en lugar de un plan estratégico de gobierno, son una serie de listas que contienen buenos propósitos pero que requieren de una explicación más amplia para poder discutirse y comprenderse. He dicho discutirse porque AMLO ha reiterado que siempre se escuchará a la sociedad antes de tomar ciertas decisiones.
La lista tiene más intenciones de imponer una austeridad al Estado que combatir la corrupción, cosas que no son lo mismo y que ponerlos en la misma canasta puede resultar en equívocos. Por ejemplo, el hecho de disminuir el salario del presidente, y con ello, como se ha dicho del resto del funcionarato, no es una medida anticorrupción sino de ahorro o de justicia social.
Existen puntos que, por el simple hecho de ser mencionados, desconciertan al lector. Por ejemplo, el punto 28 que a la letra reza: “No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas”. No queda claro cómo ayuda a la austeridad o evita la corrupción, parece más bien una norma de conducta, que por cierto se da por sentada como condición mínima de servicio. ¿Establecerá alcoholímetros en las oficinas para los empleados?
El punto 32 enuncia que “Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos”. Este punto en particular me parece que habla de la prepotencia con la que se conducen algunos funcionarios y estoy de acuerdo en que se les amoneste por ello, sin embargo, nuevamente, no me parece que sea el lugar más indicado para que aparezca.
Hay algunos otros que me causan confusión. He sido funcionario federal y me llama la atención que, de acuerdo con el punto 17 “No se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo”. Quisiera saber si el secretario en persona tendrá que revisar uno por uno los casos de funcionarios que requieren viajar al extranjero. Puede hacerse un cuello de botella tal que cuando se autorice, el viaje sea irrelevante.
Otra de las cosas que me llaman la atención son los puntos 44 y 45 en los cuales se involucra como observador a la ONU. Si se tendrán secretarios probados y honestos en su gobierno y tenemos instituciones nacionales que pueden realizar la rendición de cuentas, ¿para qué queremos la intervención de un organismo internacional como la ONU? ¿No sería mejor involucrarlo en otras áreas no económicas como los derechos humanos? ¿cuál será el papel conferido a este organismo internacional: servir de mediador, de sancionador, de garante de legalidad? ¿si se involucra a la ONU, los corruptos dejarán de serlo por la condena moral, por miedo a la sanción, por su conocimiento a nivel internacional?
Poco a poco se acerca el plazo en el cual las listas de ítems tengan que guardar un correlato en la operación específica de programas en la administración pública. Estamos esperando esas definiciones y esa visión de estadista. Hasta entonces esta presentación tiene el mismo nivel que una lluvia de ideas entre preparatorianos después de una noche de desvelo tratando de componer el mundo.
Carlos Hornelas.
Profesor, periodista y analista.
carlos.hornelas@gmail.com
