Tras advertir que el incumplimiento de la suspensión de la megagranja porcícola de Homún constituye un delito, la Juez Cuarta de Distrito reiteró a autoridades y dueños del proyecto que la medida cautelar significa que se debe paralizar por completo las operaciones y que solo se pueden realizar actividades para mantener con vida a los cerdos mientras se les retira del lugar para dar cabal cumplimento al mandato judicial.
Mediante un comunicado, la asociación civil Indignación y la organización Ka’anan Ts’onot indicaron que la juez Miriam Cámara Patrón dio un plazo improrrogable de cinco días a las autoridades para que en el ámbito de sus competencias cumplan con la orden federal y, a los particulares para que hagan lo propio. Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), junto con Grupo Kekén que se incluyó en el juicio como tercero interesado, son los particulares implicados.
“Esta reiteración y explicación de la Juez se notificó el día de hoy, después de que ayer, 23 de octubre, se celebró la audiencia por los actos atribuibles al alcalde de Homún, quien a través de un escrito presentado en días pasados afirmó que, en lo que a él respecta, no son ciertos los actos”, señalaron en el texto.
“La Juez Cuarta de Distrito consideró que, a pesar de que el alcalde de Homún niega los hechos, existe evidencia suficiente como son los permisos otorgados, por lo cual reiteró la suspensión”.
Los Guardianes de los Cenotes, por su parte, presentaron escritos dando a conocer que no se había cumplido la medida cautelar concedida el pasado 9 de octubre.
Esta medida cautelar, la suspensión de actividades de la granja, se concedió en el juicio de amparo cuyo expediente es el 1128/2018, promovido por niños y niñas del pueblo maya de Homún, a través de sus representantes legales, ante el funcionamiento y operación de una granja porcícola con capacidad para 49 mil cerdos que pone en riesgo diversos derechos como el medioambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios.
La juez hizo saber a las autoridades que tienen parte en la ejecución de esta medida, es decir al gobierno de Yucatán, a la Secretaría del Medio Ambiente (antes Seduma) y al alcalde de Homún, Manuel Chi Chim, que el incumplimiento podría dar lugar a un incidente de inejecución que podría concluir en la destitución de los cargos que actualmente ocupan.
Texto: ACOM
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