El gobierno británico sufrió ayer un duro revés, después de que la Justicia escocesa declarase “ilegal” la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento en el periodo previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el 31 de octubre.
El Tribunal de Apelación de Escocia consideró que la acción del Ejecutivo conservador, que aconsejó a la reina Isabel II refrendar la decisión de clausurar las cámaras desde ayer y hasta el 14 de octubre, quebrantó la legalidad y estuvo motivada por “el propósito inapropiado de obstaculizar el Parlamento”.
Tras conocerse el dictamen, el Gobierno comunicó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que atenderá este y otro caso similar el próximo martes, día 17, en una sesión presidida por nueve magistrados.
Los tres jueces en Escocia, presididos por Lord Carloway, emitieron su veredicto por unanimidad, pero no dieron ninguna orden específica para que las sesiones de la Cámara de los Comunes se reanuden, bajo el argumento de que el caso llegará al Supremo.
Además del caso escocés, el Supremo deberá atender otro que persigue el mismo objetivo y que fue presentado en Inglaterra por la activista contraria al “brexit” Gina Miller.
En el caso de Miller, el Tribunal Superior de Londres había decretado la semana pasada que la suspensión parlamentaria no es ilegal y que se trata de un asunto político, por lo que la activista y empresaria decidió apelar al Supremo.
El fallo emitido ayer en Escocia revoca así uno anterior del pasado 4 de septiembre, que dictaminó que el cierre sí cumplía con el ordenamiento -por razones muy similares a las del caso Miller-, y que no impidió que la actividad de las cámaras se paralizase este martes hasta el 14 de octubre.
Para el 14 de octubre, el Gobierno ha programado el llamado “Discurso de la reina”, la agenda legislativa del Ejecutivo para el próximo año, un procedimiento que es habitual, pero que la oposición asegura que esta vez se ha usado para hacerlo coincidir con las jornadas anteriores al día 31, la fecha prevista para el “brexit”.
El gabinete de Johnson se mostró “decepcionado” con la decisión de la corte de apelación de mayor rango de Escocia y señaló que suspender el Parlamento “es la forma legal y necesaria” para poder “presentar una agenda legislativa nacional sólida”.
La querella resuelta en Escocia fue presentada por un grupo de más de 70 parlamentarios, entre ellos la representante del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios diputados laboristas e independientes y la asociación contraria al “brexit” “The Good Law Project”.
En declaraciones a los medios tras conocerse el dictamen, Cherry instó a que se decrete la reapertura del Parlamento para poder continuar “escrutando lo que está dispuesto a hacer el Gobierno en relación al ‘brexit’”.
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