Desvían al menos 35 mdp del rubro de salud

La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades en los recursos federales destinados en 2019 al Seguro Popular y al Fassa para proteger la salud de los campechanos

Meses antes de la pandemia del COVID-19, la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González desviaron al menos 35 millones de pesos de los recursos federales destinados en 2019 a proteger la salud de los campechanos y cometieron múltiples irregularidades administrativas en su manejo.

En los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 26 millones 869 mil 770 pesos, de los cuales solo se recuperaron 20 mil 102 pesos en el transcurso de la revisión y se generaron cargas financieras por 425 pesos, por lo que hay pendientes de aclarar 26 millones 849 mil 667 pesos.

En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el organismo fiscalizador federal encontró que ocho millones 372 mil 514 pesos fueron mal ejercidos, y que en el transcurso de la revisión se recuperaron 174 mil 173 pesos, pero siete mil 852 pesos se generaron por cargas financieras, por lo que quedan por justificar o devolver ocho millones 198 mil 341 pesos.

En el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, la ASF determinó que la administración estatal “incumplió con las obligaciones de transparencia” y “no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios”.

El organismo fiscalizador aclaró que “los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes”.

Texto y foto: Agencia

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