Mérida, Yucatán, 5 de noviembre de 2019 (ACOM).- Ejidatarios del sur del estado rechazan la construcción de dos proyectos fotovoltáicos, que serían edificados en esta zona de Yucatán.
Representantes de comunidades campesinas, advirtieron que dichas obras causarían afectaciones al medio ambiente, aunado a que están plagados de irregularidades.
“En lo que es la carretera que va a Ticul, según estarían estos proyectos. El parque que nos dicen que se va a poner, únicamente sería una parte, pero realmente es toda un área que se va a deforestar. Es un proyecto grandísimo que si nos va a afectar bastante”, dijo Wilberth Chi Domínguez, ejidatario de Muna.
“Al pueblo de Muna no se le ha dicho nada, no tienen idea de lo que viene, únicamente, nosotros que estamos en ésto si nos preocupa, nos desespera, de alguna manera, el daño que esto pueda generar”, agregó..
Según se informó, dos empresas particulares, Sun Power y Vega Solar, construirían dos parques fotovoltáicos, en el sur del estado, en los que se instalarían un millón 183 mil paneles solares en un espacio de 627 hectáreas de terreno, de las que poco más de 600 son de selva baja y otras 300, pertenecen a ejidos de esta zona.
Sin embargo, los hombres del campo aseguran que en total se afectaría unas 5 mil hectáreas de terreno, causando severos estragos a la vida silvestre y arbórea, de la cual dependen miles de familias.
José Mugarte Xool, habitante de la comunidad San José Tipceh, dijo que a los vecinos se les informó de un parque solar o mega proyecto, por lo que acusó a la Secretaría de Energía de ser participe del asunto en contra de las comunidades campesinas.
Mencionó que aunque se efectuó una consulta en dicha comunidad, la cual fue seguida por miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no cumplió con los estándares para ello.
El ejidatario precisó que para los proyectos, las empresas ofrecieron pagar 4 millones de pesos por 300 hectáreas a 102 campesinos, aunque solo se logró pagar 20 mil pesos a unos cuantos.
Para Gabriela Torres-Mazuera, antropóloga del CIESAS, los particulares se encuentran en aparente contubernio con autoridades de la Secretaría de Energía, por lo que estarían aprovechando que hay poca unión entre ejidatarios para hacerse de los terrenos.
“La mayoría de las veces, estos proyectos no consultan a la población que vive en estos ejidos. Entonces, estamos viendo una división entre los ejidos, vecinos, las personas que no tienen derechos formales y los ejidatarios, muchos de estos últimos deciden vender”, refirió.
“Tenemos un conjunto de asambleas, que no cumplen con todos los requisitos que establece la ley agraria, y por otro lado, tenemos comunidades de ejidatarios divididas”, apuntó.
Los denunciantes afirman que es necesario que haya una consulta verdadera con las comunidades para determinar si aprueban los proyectos, tal y como recomendó la organización de las naciones unidas.
A su vez, Yadira Borges Villanueva, miembro de la comunidad de Planchac, perteneciente a Sacalum, dijo que tampoco está de acuerdo con que el ecosistema se afecte por dichos proyectos, por lo que aseguró que hay desunión en la comunidad.
Los campesinos señalan que hasta ahora no se efectuado ningún trabajo en torno a dichos proyectos, aunque sospechan que los responsables de la obra ya habrían efectuado pagos a algunos campesinos por sus terrenos.
También refirieron que la ONU recomendó a las empresas y autoridades respetar los derechos de los campesinos para consultar por los proyectos, algo que esperan se aplique para definir si se permite su construcción en el sur del estado.
