Lamentablemente no ocurre solamente en determinado municipio, sino que es una constante en los lugares en los que se pretende poner en marcha proyectos eólicos y fotovoltaicos en los que, enarbolando la bandera de la sustentabilidad, intermediarios y promotores de este tipo de proyectos atropellan los derechos de los ejidatarios, a quienes los despojan de sus tierras a base de engaños, pagándoles cantidades irrisorias por ellas.
Esta situación ayer fue expuesta por representantes de ejidos de Ixil, Valladolid, Muna y Sinanché, que dieron a conocer que han tenido que llegar a los tribunales para denunciar este tipo de anomalías en las que finalmente se violan sus derechos como pueblos mayas y propietarios de tierras ejidales y comunitarias.
Los integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xinbal”, que agrupa a representantes de 25 comunidades, de entrada, se quejaron de las supuestas consultas y mentiras formuladas a los ejidatarios y comunidades para la futura instalación de los proyectos.
—No nos oponemos al desarrollo de energías limpias, sino a la forma y a los procedimientos, y engaños que nos hacen los representantes de los inversionistas —dijo el ejidatario de Valladolid, Gregorio Hau Caamal, quien pidió a las autoridades de su municipio, que suspendan la licencia de construcción del parque fotovoltaico Yucatán Solar de la empresa Lightening PV Park S. de R. L. de C. V., por la devastación de selva que implicará la deforestación de 255.4 hectáreas y la posible instalación de 313 mil módulos solares.
—En la zona de afectación especialistas hicieron el hallazgo del cenote “Múusench´een”, un centro ceremonial de los antiguos mayas que abarca 210 hectáreas, entre los sitios arqueológicos de Ebtún y Cuncunul. La conservación del área es fundamental para la conservación del patrimonio natural e histórico —recalcó.
Por su parte el ejidatario de Sinanché, Severiano Gutiérrez Celis, expuso que el comisariado ejidal comercializó las tierras de los propietarios sin asamblea ni acuerdos previos con promesa de renta de 126 pesos por hectárea al mes, sin embargo, el plazo de pago es de cada seis meses la misma cantidad, es decir, 60 centavos mensuales por hectárea.
“Ya iniciamos una querella en el Tribunal Agrario en contra de la asamblea”, señaló.
Texto y foto: Manuel Pool
