El 96% de los delitos que son denunciados en los estados de la República no son resueltos por las autoridades encargadas de impartir justicia, reveló el informe Hallazgos 2018: seguimiento del sistema de justicia penal de la organización México Evalúa.
Esta cifra no mejora mucho cuando se trata de los delitos que son atendidos a nivel federal por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, debido a que el 94% de los ilícitos quedan sin resolver.
El informe de la asociación, presentado ayer, concluyó que, aunque algunos estados están mejorando en la implementación del sistema penal acusatorio, siguen existiendo circunstancias que impiden una mayor procuración de justicia.
Por ejemplo, el 93% de los delitos sigue sin ser denunciado; la desconfianza a las autoridades y la idea de que ir al ministerio público es una pérdida de tiempo son, según el estudio, los principales motivos por los que ocurre esto.
Aunque la gran mayoría de los crímenes no llegan a instancias judiciales, México Evalúa detectó que los defensores públicos padecen una saturación de casos: en promedio cada abogado representa a 219 imputados.
Lo mismo ocurre con los fiscales y los policías; en total hay un 40% de casos que se han estancado porque, en promedio, cada fiscal ya tiene a su cargo 159 investigaciones, mientras que cada policía atiende 118 indagatorias.
En el caso de los jueces, cada uno atiende en promedio 104 causas penales. Esta situación se agrava si se tiene en consideración que en nuestro país hay una tasa de 0.9 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en Latinoamérica la tasa es de 10 jueces por cada cien mil habitantes.
México Evalúa también informó que el año anterior pudieron ocurrir 30 millones de delitos, pero sólo en 2 millones 85 mil se abrieron carpetas investigación; después de esto, sólo 81 mil 80 asuntos fueron vinculados.
México Evalúa hizo énfasis en que Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Yucatán son las entidades donde el sistema penal acusatorio ha mostrado mejores avances, sin embargo también destacó el progreso de Baja California Sur, Hidalgo, el Estado de México y Oaxaca. En tanto, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Campeche son los estados que menos condiciones tienen para asegurar la implementación del sistema penal acusatorio.
La ONG también desarrolló un índice de impunidad.
Texto y fotos: Agencia
