Por Saúl Arellano
Hace poco más de cinco meses escribí sobre el inicio del levantamiento del llamado “Censo del Bienestar” que anunció en campaña el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En aquellas fechas, la apuesta del presidente se antojaba —y de hecho lo fue—, imposible, pues afirmaba que se tendría listo en tres meses, es decir, justamente entre los meses de septiembre y noviembre del 2018.
Era evidente que esa meta no se lograría, y es evidente que tampoco se logrará tenerlo listo para el mes de marzo, como se había reprogramado a inicios de la presente administración.
La cuestión es simple: el gobierno de la República no cuenta con las capacidades para llevar a cabo una empresa de esta naturaleza, y no las tiene por dos razones: 1) no es su función constitucional, pues esa le corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y; 2) porque a juzgar por los resultados que se están teniendo, a quien le fue encargada la tarea de coordinar el levantamiento tampoco tenía la menor idea de cómo se lleva a cabo un ejercicio censal.
El éxito de un gobierno depende de que el presidente el turno se equivoque lo menos posible al optar entre los inconvenientes que tiene enfrente.
De acuerdo con lo publicado en varios medios de comunicación, el avance general a la primera semana de febrero de 2019 es de alrededor del 45% del levantamiento censal. Pero si la instrucción presidencial es que en marzo arranquen los programas sociales, con base justamente en los resultados del dichoso “Censo”, es imposible que en los próximos 20 días se logre concluir el levantamiento, procesamiento, interpretación y presentación de los resultados.
Para dimensionar lo anterior es importante decir que para el Censo del 2020, el INEGI espera encontrarse con al menos 38 millones de viviendas; si hasta ahora se han censado el 45%, entonces se ha llegado a solo 17.1 millones; y las que faltan seguramente son las de más difícil acceso.
Por lo que pueden argumentar lo que quieran, pero nadie en este planeta podría llegar a 20.9 millones de viviendas en los próximos 22 días que le quedan al mes de febrero (950 mil viviendas por día), y menos aun considerando que se dice que hay 5 mil encuestadores, los cuales tendrían que levantar, en promedio, 190 cuestionarios diarios cada uno de ellos (19 por hora, considerando 10 horas de trabajo por jornada).
Así las cosas, la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores se debe encontrar en un auténtico predicamento, porque, en el mejor de los casos, podrá comenzar a diseñar la operación de sus programas con base en información parcial, sin validez estadística probada. Y, lo peor, sin sustento legal para destinar recursos públicos, pues según la Constitución y la Ley, la programación y presupuestación debe tener como base información oficial. Es decir, la que genera INEGI, CONEVAL, CONAPO y otros organismos facultados para producirla.
Como se perciben las cosas —y no se puede tener más que percepción, porque el asunto se ha manejado con total opacidad—, el Censo del Bienestar se perfila como el primer gran error de la administración 2018-2024, porque todo se ha hecho mal: no se consideró el maco jurídico y constitucional para tomar la decisión de llevarlo a cabo; tomada la decisión, no se llevó a cabo un proceso adecuado de planeación; como resultado, no se tuvo un despliegue de operativo de campo uniforme y homologado en todo el territorio nacional.
Como consecuencia, no se previó qué se necesita de equipo de trabajo (tabletas, celulares, equipo de cómputo, etc.) y que un ejercicio censal requiere de rotación de personal, descanso adecuado, y un largo etcétera de factores que incluyen en el resultado final. Que es a final de cuentas, la materia prima con la que habrán de tomarse decisiones de enorme relevancia por los montos presupuestales que implican.
En un gabinete siempre debe haber una o varias personas capaces de decir: “eso no se puede hacer, señor presidente”.
Si la tendencia continúa, los resultados del “censo del bienestar”, para ser relativamente creíbles, podrían estar listos si acaso por julio o agosto de este año. Pero resulta que este 2019 deben darse a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), así como de la Medición Multidimensional de la Pobreza. Y que en 2020 se llevará a cabo el censo que cada década levanta el INEGI.
Así las cosas, ¿qué va a ocurrir cuando sus resultados contradigan —porque así va a ocurrir— lo que se presente en el “censo del bienestar¬”? Es una pregunta que alguien en el gobierno debe comenzar a plantearse con seriedad, comenzando precisamente por la Secretaría del Bienestar.
¿Qué lecciones nos deja el “censo del bienestar”, en materia de política pública, independientemente de su resultado?
La primera de ellas es que en el gobierno deben aprovecharse al máximo todos los recursos y capacidades disponibles, y que estos no son prescindibles, menos aún por prejuicios y argumentos ideológicos. Es decir, si el Estado mexicano cuenta con una oficina nacional de estadísticas profesional, con capacidades probadas y credibilidad constatada, ¿qué sentido tiene obviar su existencia y hacer mal, lo que aquella puede hacer y de hecho hace muy bien?
La segunda, es que el ejercicio de gobierno debe llevarse a cabo guardando un fino equilibrio entre capacidades políticas y técnicas. Por eso muchos de los llamados “superdelegados” están haciendo literalmente agua con el tema del “censo”, porque son perfiles estrictamente políticos que poco o nada saben de ejercicios censales. En efecto, no saben, en la mayoría de los casos, literalmente qué pedir en esta materia a sus subordinados, y menos aún saben qué les están entregando.
Toda decisión de política pública debe apegarse a una estricta evaluación que pondere la viabilidad política y social, frente a la viabilidad técnica de su implementación.
La tercera es que no puede iniciarse ninguna acción de gobierno sin una adecuada planeación. Por ejemplo, si efectivamente se levantaran 38 millones de cuestionarios; y si cada uno de ellos contiene 10 preguntas, ¿con qué equipo de cómputo van a procesar esa cantidad de datos? Si pretenden hacerlo con las computadoras viejas y chafas que denunció el presidente que les dejaron, simplemente no se va a poder.
La cuarta, que toda decisión de política pública debe apegarse a una estricta evaluación que pondere la viabilidad política y social, frente a la viabilidad técnica de su implementación. Asumiendo sin conceder que el “censo del bienestar” es lo que se requería para mejorar la asignación de los programas sociales, lo que no se valoró adecuadamente es que la instrucción del presidente era imposible de ser implementada en los tiempos que fijó.
La quinta, es que en un gabinete siempre debe haber una o varias personas capaces de decir: “eso no se puede hacer, señor presidente”. No debe olvidarse que, si bien el Poder Ejecutivo es indivisible, las y los Secretarios de Despacho son corresponsables de las decisiones que se toman. Y que el éxito de un gobierno depende de que el presidente el turno se equivoque lo menos posible al optar entre los inconvenientes que tiene enfrente.
La lealtad política, en ese sentido, implica acatar las instrucciones, pero también ser responsables al advertirle a quien manda, que hay cosas que, por más loables que sean, no se pueden realizar.
