En sesión de pleno, el Congreso del Estado eligió ayer miércoles a nuevos funcionarios del Sistema Estatal Anticorrupción y del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).
Además, descartó una iniciativa para reducir el financiamiento de los partidos políticos, que impulsó la bancada de Morena, pues contradice la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Como cada miércoles, la Sesión de Pleno estuvo cargada de trabajo, ya que los legisladores dieron trámite a los dictámenes y acuerdos que se acumularon en la última semana.
Las diputadas y los diputados eligieron a Adriana de León Carmona, con 15 votos a favor, para ser integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por un período de tres años, a partir de rendir compromiso constitucional.
De la misma manera, designaron a Manuel López Mapel y Elmer Rodríguez García como miembros del Consejo Consultivo del Inaip, por un período de dos años.
En el caso de la terna entre Janine Andrade Campos, José Moguel Espejo y Camilo Toledo González, se regresó a la comisión permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, ya que en la votación ninguno alcanzó 13 votos o más a favor, como lo exige la ley.
Sobre este tema, Alejandro Cuevas Mena agradeció la participación de los candidatos que están preocupados por ocupar parte de su tiempo para servir en un tema que ha lacerado la política del estado y el país, como es la corrupción, que va ligado con el tema de la transparencia.
UN HECHO, LA PARIDAD DE GÉNERO
Ayer también se realizó la declaratoria oficial relativa a las reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de paridad de género, para que secretarios de Estado, magistrados, ediles y directores de Organismos Autónomos, entre otros, sean distribuidos de manera paritaria.
La Mesa Directiva informó que se presentaron 39 constancias de sesiones municipales de Cabildo de manera positiva y al cumplirse el plazo de 90 días naturales para responder, después de ser notificados entre el 14 al 18 de junio del presente año, 67 municipios no trataron el tema, por lo tanto, se aplica la afirmativa ficta por la que los 106 ayuntamientos se pronuncian a favor.
Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad la reforma al artículo 28 de la Constitución Política del Estado, propuesta por Alejandro Cuevas, que establece cambios en el análisis de la Glosa del Informe de Gobierno, para que los diputados puedan solicitar que el Ejecutivo estatal entregue un informe completo en lengua maya y no un resumen.
Texto: Esteban Cruz Obando
Foto: Cortesía
