Por Carlos Hornelas
Estamos a menos de 100 horas de que termine el gobierno de Peña Nieto. El martes 27 de noviembre el New York Times sumó uno más a la saga de sus artículos que dan cuenta de cómo el gobierno saliente utilizó, de manera sistemática, herramientas cibernéticas para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.
Esta pieza informativa señala que un día después de la muerte a balazos en la calle del periodista Javier Valdez, editor del semanario Ríodoce, sus compañeros reporteros fueron infectados en sus teléfonos celulares a través del software Pegasus, permitiendo el acceso a sus conversaciones, correos electrónicos mensajes de texto y con la posibilidad de abrir tanto el micrófono como la cámara del aparato de manera remota.
El software fue adquirido originalmente a una compañía israelí, NSO, con el fin de utilizarse en labores antiterroristas y de seguridad nacional, sin embargo, entre los dispositivos que han sido objeto de intentos de intervención se puede contar al centro Pro Derechos Humanos (Prodh), algunos colaboradores de Aristegui Noticias, Carlos Loret de Mola, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los integrantes del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEI) que daban asistencia técnica en el caso Ayotzinapa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros.
Llama la atención que la empresa dice no vender el software a ningún particular, sino a gobiernos de países. No obstante, se conoce que en México al menos tres instancias a nivel federal cuentan con dicha herramienta: la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde que se conoció el incidente, traído a la luz mediante una investigación del Citizen Lab, Article 19, La R3D y SocialTic, ha habido sendos llamados de diversas instituciones, organizaciones internacionales, periodistas, académicos para aclarar los atentados en contra de la privacidad y la impunidad en torno a casos de la muerte de periodistas en el sexenio más sangriento hasta la fecha.
Tanto Amnistía Internacional como el Centro de Derecho, Justicia y Sociedad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), así como la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido recomendaciones al gobierno saliente para que se aclare esta situación.
De seguir las cosas como van, una vez que se cierre la cortina no tendremos información alguna acerca de quién será el responsable de su manejo o si quienes se retiran del cargo pudieran llevar consigo información sensible y delicada de quienes han sido espiados. Hagamos votos porque antes de 100 horas sepamos algo.
