Por Beatriz Mojica Morga
Durante años hemos visto en los medios de comunicación los saqueos interminables a los ductos de Pemex y una inexplicable inacción de las autoridades competentes.
Por ello, más allá de la crisis de desabasto y el impacto en la economía que ocasiona la iniciativa presidencial de combatir el robo de combustible a Pemex, Andrés Manuel López Obrador encontró en el huachicoleo, una veta inagotable para ejemplificar su cruzada nacional de combate a la corrupción.
Las acciones pudieran no ser las más adecuadas para encarar el problema, pero sin lugar a dudas apuntan en la dirección correcta para sanear un área crítica de la industria petrolera nacional: la distribución. En efecto, lo que aparentaba ser una actividad ilegal de grupos delictivos locales a lo largo de los oleoductos, día a día queda expuesta como una gran red de complicidad al interior de la paraestatal.
Los argumentos que se esgrimen ante los efectos nocivos por la falta de planeación del gobierno federal, el cual sin medir consecuencias determinó el cierre del flujo de combustible y puso al límite la paciencia de los usuarios, palidecen cuando cada día surgen evidencias de que en la trama criminal, participaban decenas de delincuentes de cuello blanco.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado la participación de ex diputados, ex alcaldes metidos al negocio de la venta de la gasolina, relacionados con las bandas de huachicoleros y empresarios que se han prestado a la venta de gasolina robada. La lucha contra el huachicoleo debe pasar también por meter en cintura a los empresarios gasolineros que despachan litros incompletos: no es un asunto menor, ese debe ser un siguiente paso.
Hay señales de que será desmantelada la estructura criminal que dentro de Pemex posibilitó el saqueo, pero afuera es distinto, las bandas criminales en su infinito poder de mutación están lejos de ser exterminadas; no será fácil, es peligroso, pero no hacerlo haría inacabado este esfuerzo.
El respaldo que los mexicanos han dado al combate al huachicol es proporcional al hartazgo de la gente hacia décadas de corrupción e impunidad prohijada desde el gobierno. Diferentes encuestas revelan que más del 60 por ciento de los mexicanos aprueban las medidas y creen que traerá beneficios a largo plazo.
Tampoco es un asunto menor que el Gobierno Federal logre (de tener éxito en esta iniciativa) dejar de perder 60 mil millones al año por el huachicol. Y es sólo un botón de muestra que seguramente alentará a López Obrador a explorar otras áreas de oportunidad.
El robo de combustible es sólo una de las aristas de la corrupción dentro de Pemex, el tema sindical es otra asignatura; el otorgamiento de contratos, el saqueo de suministros y un largo etcétera. Aunque no hay una cifra certera sobre el costo de la corrupción en el país, oscila entre el 2% y el 8% del PIB. Una cifra que se maneja llega a los 900 mil millones de pesos.
En éste su primer lance de cero tolerancia a la corrupción como un asunto de Estado, López Obrador derrota el escepticismo de muchos, incluyéndome a mí. Sin embargo, el esfuerzo debe ser coronado con castigos ejemplares a los involucrados y también con un reforzamiento ciudadano de respeto a la legalidad, porque tampoco es normal ni bueno para el país que comunidades cercanas a los ductos vivan del saqueo permanente de gasolina y no pase nada. El gobierno no podrá solo desmantelarlos.
