Por Carmen Garay
No, no me refiero al último número del semanario de análisis político -con 42 años de existencia- ni a la polémica desatada por su portada que pretende hacernos olvidar su abierta afinidad con el presidente electo. Me refiero a las irregularidades existentes en la gestión y establecimiento de una mega granja de Producción Alimentaria y Porcícola (Papo) en Homun, zona de recarga del anillo de cenotes.
Ayer se realizó una rueda de prensa con la presencia de “los guardianes de los cenotes” que claman violaciones al pueblo maya. Inicialmente debió realizarse una consulta indígena, porque la industria ocuparía tierras del pueblo maya. No haberla realizado violó la autodeterminación de los pueblos indígenas, consagrada en nuestras leyes y en tratados internacionales.
Si la jueza IV de Distrito dictó, desde el 1 de octubre, que se paralizaran actividades y estableció una suspensión que implicaba sacar a los cerdos que ya estaban en la granja ¿por qué siguen en Homun? Se cumplió el plazo ayer en la noche, según explicó en rueda de prensa la abogada Lourdes Medina Carrillo, de la Asociación Civil Indignación.
Una cronología de acontecimientos pone de manifiesto cuánto se ha demorado el cumplimiento del mandato judicial. Todo el mes de octubre no se atendió lo determinado por la juez, pero es lógico que los empresarios se resistan a mirar millones invertidos que se van por la borda. Como cualquiera en su lugar, han buscado que se les conceda maniobrar, pero el proceso legal se ha transgredido.
A la luz de los datos anteriores, la visita de legisladores con fines de supervisión, fue muy inoportuna porque ignora la determinación de la jueza IV de Distrito. Atrincherado en la separación de poderes, el poder legislativo no puede contravenir disposiciones judiciales ya en curso.
En el caso de que verdaderos expertos en la materia, como especialistas de la Uady, la UNAM, entre otras prestigiadas instituciones, emitieran dictámenes que favorecieran el funcionamiento de la mega granja, se encontrarían ante un muro que se antoja infranqueable: las formas se han trastocado, se vició desde un principio al no preguntarle primero a la población indígena, es decir, antes de mover una sola piedra para erigir una empresa de tal impacto en esa zona debió consultarse a los pobladores. Y cuando finalmente se consultó, el resultado fue contundente: la mayoría de los habitantes de la zona rechazan el proyecto.
No puede tomarse este asunto a la ligera porque si el desacato persiste -el desacato es un delito- la autoridad judicial podría llegar a requerir el uso de fuerza pública para que se cumpla su determinación y también podría tener consecuencias para las autoridades que no han atendido debidamente el proceso existente. La visita de los diputados sólo enturbió más las aguas.
