Por Carmen Garay
A mediados del primer sexenio de alternancia en México, alguien tuvo la gran idea de utilizar la Red de Televisoras Públicas para hacer lo que debieron hacer desde el principio de su creación: servir a la difusión cultural con contenidos de primer nivel y los más altos estándares de producción. Aunque el nivel de equipamiento y desarrollo de cada medio era distinto, lo que sí estaba más o menos generalizado era la subutilización de los recursos, la programación mediocre con formatos caducos y, lo más significativo, sin figuras de defensoría de audiencias.
Entonces, en ese 2003 Presidencia de la República puso en marcha un proyecto de utilizar la Red para realizar un ciclo de Teleconferencias para burócratas y en el programa inaugural, en vivo, una de las llamadas de los empleados reclamó que los jefes nunca les autorizaban ver televisión en su hora de trabajo aunque fuera obligatorio. El comentario se registró y el dilema de pasar o no el mensaje se disipó cuando la productora dijo: “Para eso está el programa. Tal vez resulte incómoda la pregunta y el señor será muy Oficial, pero aquí se amuela y escucha, porque le están preguntando respetuosamente y debe responder.” La censura no pudo con un formato abierto, y una productora profesional.
La anécdota referida viene a colación por la polémica iniciativa de reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, entre otras cosas, plantea retornar a la Secretaría de Gobernación la rectoría de los medios públicos del país. Este asunto ha reiniciado un debate sobre libertad de expresión, libertad de contenidos, derecho a la información y todo lo que implica la comunicación social con medios que son del Estado y también a los concesionarios.
Se han alzado voces advirtiendo regresión, censura y control gubernamentales, pero esas presunciones dejan de reconocer que actualmente los medios públicos en las entidades federativas, ya son anacrónicos, con sesgo político y control presupuestal absoluto, lo cual les restringe la posibilidad de crítica y diversificación de programas. La propuesta de una rectoría del Estado en medios públicos no es per se algo malo, pues considero que el ejemplo de inicio es prueba de que con creatividad, claridad de objetivos y profesionalismo pueden funcionar en adecuada los medios públicos.
La retroalimentación de la audiencia es la pieza fundamental que hace falta, sigue haciendo falta aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya estipuló los lineamientos para la creación de defensores de audiencia, pero nunca se concretó y la autorregulación propuesta no se ha respetado. Si los medios siguen sin escuchar ni atender las necesidades de la audiencia, el regreso de la rectoría del Estado para medios públicos, frena la democratización que nunca defendimos, que nunca aprovechamos. La pregunta es ¿a quién le importan los medios públicos? Mejor dicho ¿quién podría aprovecharlos mejor? Las asociaciones civiles y los grupos vulnerables no representados ni atendidos cabalmente en el espectro programático existente, creo yo. Debemos estar muy atentos a este tema.
