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En diversos establecimientos comerciales y sitios públicos podemos verlos. Son los vigilantes, los guardias privados, que apoyan en la seguridad de estos espacios y que son contratados por particulares e incluso por gobiernos de los tres niveles.

En los giros donde se les encuentra desempeñan la labor de vigilancia y de estar a la expectativa ante cualquier posible contingencia que pudiera darse en estos lugares.

Por lo general no son bien pagados: trabajan con muchas carencias de equipo, largas jornadas laborales y en ocasiones sin las más mínimas prestaciones de ley.

Muchas de las compañías de seguridad privada a las que pertenecen están ahora en el ojo del huracán. Así, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán aplicó sanciones y cancelaciones a un total de 13 de estas empresas, debido principalmente a la opacidad con la que laboran, al no rendir a la autoridad un informe mensual, entre otras anomalías.

Es positivo que la autoridad esté pendiente de este tipo de empresas, máxime cuando se ha denunciado la aparición de compañías “patito” provenientes de fuera de la entidad que ofrecen servicios de protección y seguridad, pero sin apegarse a la normatividad local existente. Con la seguridad de la ciudadanía no se juega.

 

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